Por Amaury Reyna Liberato. Comunicador, residente en María Trinidad Sánchez.
Que un funcionario del Estado gaste RD$4,194,122.82 en alimentos, desayunos y consumos cargados a una tarjeta de crédito pública no solo debería indignarnos; debería obligarnos, como sociedad, a detenernos y hacernos preguntas incómodas. Preguntas sobre el uso de nuestros impuestos, sobre el sentido de la institucionalidad y, sobre todo, sobre un puesto cuya esencia es exactamente la contraria: proteger al ciudadano de los excesos del poder.
Pero aquí estamos. En República Dominicana, el Defensor del Pueblo —sí, la figura creada para limitar abusos administrativos— enfrenta señalamientos que, a falta de una explicación contundente, colocan a la institución en el peor terreno posible: el de la sospecha. Y las sospechas, en un país fatigado por décadas de corrupción, pesan y duelen.
Lo que se conoce hasta ahora no es un rumor suelto. Es parte de un patrón más amplio que exige respuestas. La institución ha manejado más de RD$1,538 millones en apenas cuatro años; se denuncian RD$1,170.5 millones ejecutados sin rendición de cuentas clara entre 2021 y 2024; y existen cuestionamientos sobre contratos, autopromoción, crecimiento abrupto de la nómina y uso de fondos del Estado y del PNUD sin suficiente transparencia.
Y ahora se suma esta cifra —los más de RD$4.1 millones en alimentos— que, aun si fuera una mínima fracción del presupuesto, simboliza el problema en su forma más grotesca: la banalidad del gasto fácil, del “no es mi dinero”, del “nadie pregunta”.
En un país donde miles de familias se levantan sin saber si el desayuno alcanzará, la idea de que un funcionario —y no cualquier funcionario, sino el Defensor del Pueblo— pueda gastar más de cuatro millones en comida pagada con fondos públicos es, sencillamente, obscena.
El Defensor del Pueblo existe para algo muy simple: defender al ciudadano de los excesos del Estado. Frente a todo esto, la pregunta es inevitable: ¿cómo se defiende el ciudadano cuando quien debe protegerlo es precisamente quien aparece señalado?
Una cosa es que un ministerio tenga un gasto cuestionable. Otra muy distinta es que lo tenga la institución moralmente llamada a fiscalizar a los demás. En estos casos, el daño reputacional es doble: se erosiona la confianza en el cargo y se debilita toda la arquitectura democrática que necesita un árbitro confiable.
Lo más preocupante no es la cifra en sí —aunque es insultante—, sino la reacción institucional: silencio, evasivas, tecnicismos, como si el país no mereciera una explicación inmediata, detallada y verificable.
La clase política dominicana ha perfeccionado una táctica antigua: dejar que los escándalos se diluyan con el paso de los días, que el cansancio ciudadano haga su trabajo, que la indignación dure apenas 24 horas y que el ciclo noticioso avance. Pero este caso merece algo distinto. Merece indignación sostenida, merece auditoría, merece consecuencias.
Porque cuando un funcionario maneja fondos públicos, cada peso debe ser explicado. Y cuando maneja millones desde un cargo cuya autoridad proviene de la confianza moral, cada centavo debe justificarse.
En este punto, las preguntas que el país debe hacerse son evidentes: ¿Por qué un Defensor del Pueblo necesita gastar millones en desayunos? ¿Con quién se come?
¿Dónde se come? ¿Para qué reuniones? ¿En qué actividades? ¿Y por qué ese gasto no fue explicado antes de que la indignación explotara?
El país no necesita comunicados defensivos ni tecnicismos fiscales. Necesita claridad, transparencia y rendición de cuentas. Necesita saber si esos RD$4,194,122.82 se usaron con sentido institucional o si estamos ante otro caso más que erosiona la confianza pública.
Si la Defensoría del Pueblo quiere preservar su legitimidad, debe entender que este escándalo no es un simple ruido mediático. Es un golpe directo a la credibilidad de una institución que, por mandato constitucional, debe ser modelo de integridad.
La responsabilidad aquí es simple: explicar, rendir cuentas, aceptar correcciones y, si es necesario, asumir consecuencias.
Cuando un funcionario cuyo deber es defender a la ciudadanía aparece señalado por el uso excesivo de recursos públicos, la ética institucional deja de ser un discurso y se convierte en un examen. Y este examen, claramente, no se está pasando.
La democracia dominicana no soporta más instituciones cuestionadas, más silencios, más gastos inexplicables. El Defensor del Pueblo debe estar por encima de eso. No al nivel de los escándalos, sino por encima del estándar más alto.
El país merece un Defensor del Pueblo que defienda, no que gaste sin control. Que explique, no que se esconda. Que rinda cuentas, no que pida paciencia.
Porque cuando el defensor del pueblo se vuelve sospechoso, ¿quién queda para defender al pueblo?
