Por Amaury Reyna Liberato, comunicador. Residente en María Trinidad Sánchez.
El Movimiento Matrimonio Feliz envió una carta al Ministerio de Cultura solicitando intervenir o suspender La Casa de Alofoke 2, el reality digital producido por Santiago Matías. Alegan que el programa promueve “violencia, vulgaridad e inmoralidad”, que muestra “modelos negativos” para jóvenes y niños y que, por ello, el Estado debe “regular” o “poner límites” a ese contenido.
Podemos debatir durante horas sobre la calidad —o la precariedad— del contenido que allí se produce. Lo que sí resulta difícil de debatir es otra cosa: La Casa de Alofoke no se transmite por señal abierta ni por radio. Vive en YouTube, una plataforma privada, de acceso voluntario, donde nadie llega por equivocación. Y en ese simple detalle técnico-jurídico, que la carta apenas roza, se esconde el error de enfoque más profundo de esta polémica.
Para comprender la magnitud del choque, hay que comenzar por los números. La primera temporada alcanzó más de 328 millones de visualizaciones en solo 30 días, una cifra sin precedentes para un proyecto dominicano en YouTube.
La segunda temporada fue todavía más lejos. Al momento de escribir este artículo acumula más de 339 millones de vistas; 196 millones de horas reproducidas; ingresos estimados en más de 4 millones de dólares en menos de un mes; 1.3 millones de nuevos suscriptores para Alofoke Radio Show; y transmisiones en vivo que superan los 2.5 millones de dispositivos conectados simultáneamente.
Nos guste o no su estilo, estamos ante el proyecto digital dominicano más visto de la historia reciente. Es masivo, sí, pero masivo porque la gente decide verlo, no porque una parrilla de televisión abierta se lo imponga.
La carta se dirige a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, un organismo creado para regular radio, televisión y espectáculos presenciales. Su marco legal responde a otra era: aquella en la que encender el televisor significaba exponerse automáticamente a lo que la señal abierta transmitía.
Pero La Casa de Alofoke 2 no entra en ese universo. No está en televisión abierta. No aparece por accidente. No invade espacios comunes. Vive en YouTube, donde la regulación no la define un comisario estatal, sino la plataforma: restricciones de edad, términos de uso, políticas de contenido, sistema de denuncias.
Si un contenido digital cruzara límites penales —incitación al crimen, explotación infantil, amenazas reales— el camino sería la justicia penal o la intervención de la plataforma, no el Ministerio de Cultura. Y ese no es el caso aquí. Lo que Matrimonio Feliz cuestiona no es un delito ni una violación legal, sino un criterio moral.
En cuanto al argumento de la niñez y la responsabilidad adulta, hay preocupaciones legítimas. Especialistas en salud mental han advertido sobre los riesgos de formatos de encierro prolongado, exposición constante y presiones emocionales extremas. También es válido debatir qué modelos de éxito estamos mostrando a una generación entera pegada a las pantallas.
Pero incluso admitiendo esos puntos, la pregunta esencial es otra: ¿A quién le corresponde responder primero: al Estado o a la sociedad que hace viral el contenido?
En YouTube, ningún niño termina en un streaming de 24 horas sin que antes un adulto le haya permitido, para ello debe tener un dispositivo sin supervisión, navegar libremente la aplicación y crear o usar una cuenta sin controles parentales.
Es decir, antes de Alofoke, hay decisiones del hogar, de la escuela, de la comunidad; lo que hay son omisiones humanas, no fallas del Estado.
Y es que, al pedir que el Estado “suspenda” un programa digital por razones morales, se abre una puerta peligrosa: la de que un Gobierno decida qué se puede o no se puede ver en Internet. Hoy sería un reality urbano; mañana podría ser un canal de sátira política, un creador feminista, un video sobre derechos LGTB+ o un investigador incómodo para el poder.
En un ecosistema digital, el camino no es la censura, sino la corresponsabilidad. En ese sentido los padres deben supervisar lo que ven sus hijos, las escuelas deben formar criterio, no solo prohibir pantallas, las iglesias y comunidades deben promover valores, no delegarlos al Gobierno y los usuarios deben ejercer su verdadero poder, el de quitar el clic a lo que no quieren financiar.
Si a Matrimonio Feliz le preocupa de verdad el contenido, una campaña de educación digital habría sido más coherente con su misión que solicitar al Estado que filtre lo que la sociedad puede ver.
Esta controversia revela un debate mucho más profundo: ¿qué cultura digital estamos construyendo como país? Es cierto, los números del reality son un espejo incómodo. Millones de dominicanos se conectan, voluntariamente, a ver ruidos, peleas, romances, estrategias y caos. Eso habla de preferencias, pero también de vacíos culturales, desigualdades, educación emocional y entretenimiento accesible.
Pero ese espejo no se rompe tapándolo, se enfrenta creando alternativas, exigiendo calidad, premiando el contenido valioso, castigando el mediocre y recordando que cada reproducción es un voto económico y cultural.
El Estado debe garantizar libertad de expresión y perseguir delitos. No puede —ni debe— aspirar a administrar una moral única para un país entero.
Si La Casa de Alofoke 2 te parece inmoral, basura o dañina, la herramienta más poderosa no es una carta a Cultura: es tu dedo sobre el botón de “no ver”.
Porque, nos guste o no, el único control remoto que manda en la era digital no está en el Palacio Nacional, está en la mano de cada usuario.
