Por Amaury Reyna Liberato. Comunicador y director de ElNaguero.com, residente en María Trinidad Sánchez
La política dominicana siempre ha sido un espectáculo de luces intensas y sombras evidentes. Pintoresca, diversa, bulliciosa y contradictoria. Un escenario donde la teatralidad suele imponerse al razonamiento, y donde el pan y circo han logrado, demasiadas veces, sustituir el debate serio que exige la construcción de una democracia más madura. El pasado reciente es suficiente prueba, pues, cuando el país requiere mesura, reflexión y responsabilidad, algunos prefieren las consignas y los enfrentamientos vacíos. Y estos tiempos, sin duda, no son la excepción.
Hoy, el discurso político se ha convertido en un eco repetitivo. Desde la oposición, cada oración parece girar en torno a una sola palabra: “narcotráfico”. Es el comodín, la plataforma y el estribillo. Se repite sin matices, sin responsabilidad y sin freno, como si fuera suficiente para descalificar a quienes gobiernan. Una estrategia burda que intenta instalar, en el imaginario colectivo, la idea de que el Gobierno actual opera como un “narcopartido”, aunque la realidad jurídica y administrativa cuente otra historia muy distinta.
En el otro lado, desde el Gobierno, el énfasis se coloca en la corrupción del pasado. Un pasado que todavía respira, que no ha sido procesado del todo y que continúa produciendo escándalos, expedientes y condenas. La diferencia entre ambos discursos no es solo semántica, sino ética. Porque mientras los opositores insisten en acusaciones de gravedad extrema sin presentar pruebas que resistan el mínimo rigor institucional, el Gobierno ha tenido que enfrentar casos reales, con nombres, apellidos, expedientes, condenas y devolución de fondos sustraídos al Estado.
Y aquí surge la verdadera línea divisoria: la acción.
Cuando se ha confirmado que algún miembro de la actual administración ha tenido vínculos con actividades ilícitas, el Gobierno ha hecho lo que demanda cualquier democracia funcional: separar de sus filas a los responsables, desvincularlos de la administración pública y permitir que la justicia actúe. No siempre de manera perfecta —ningún sistema humano lo es—, pero con una disposición que rompe con la tradición de encubrimiento que por décadas caracterizó a la clase política.
En cambio, del otro lado, la historia es otra. Los partidos que gobernaron recientemente se han mostrado incapaces —o tal vez poco dispuestos— a asumir responsabilidades internas frente a los casos de corrupción que hoy están en manos de los tribunales. Guardan silencio, evitan pronunciarse, se escudan en tecnicismos y jamás separan de sus estructuras a quienes han sido señalados, procesados o incluso condenados. En ocasiones, ni siquiera han reaccionado cuando algunos de los involucrados han admitido la sustracción de fondos y han devuelto dinero al Estado bajo acuerdos judiciales.
El silencio, en política, no solo es ruido: es complicidad. Y la inacción, frente a la corrupción, se convierte en el peor espejo de una organización.
Las organizaciones políticas dominicanas —todas, sin excepción— están expuestas a males y desviaciones. La diferencia entre un partido que pretende gobernar mirando hacia el futuro y uno que se aferra al pasado está en la manera en que enfrenta esos males cuando salen a la luz. Unos actúan y asumen costos; otros callan y esperan que el tiempo borre las manchas. No las borra. Las profundiza.
Como estudioso de la política, veo claramente que nuestras instituciones necesitan reformas, controles, profesionalización y un sistema de partidos más serio y responsable. Pero como ciudadano, es evidente que también necesitamos liderazgo moral, capacidad de autocrítica y coherencia. Porque no se puede pedir al país que confíe en quienes no son capaces de limpiar su propia casa.
La política dominicana seguirá siendo pintoresca —eso no va a cambiar—, pero debe dejar de ser un espectáculo de sombras. Debe madurar. Y esa madurez empieza por reconocer que la lucha contra la corrupción no se predica: se demuestra. En este momento, prefiero a quienes actúan, aunque cometan errores, que a quienes guardan silencio esperando que la historia olvide lo que la justicia ya registró.
El país merece más que pan y circo. Merece instituciones serias, partidos responsables y líderes que entiendan que callar, ante lo evidente, no es prudencia: es renuncia ética.
