El fallo se convierte en la indemnización más alta en la historia judicial dominicana por prisión preventiva injusta y consolida la responsabilidad patrimonial del Estado.
Santo Domingo. – La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó íntegramente la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que condenó al Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor del ciudadano Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con el dictamen, la SCJ ratifica que el Estado incurrió en responsabilidad administrativa por la actuación indebida del Ministerio Público, reconociendo los daños físicos, psicológicos y morales sufridos por el afectado durante más de una década de procesos judiciales.
La barra de defensa de Gutiérrez Gil, integrada por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, declaró que el fallo “constituye la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, marcando un precedente en la historia del Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado”.
Por su parte, Affe Gutiérrez manifestó que “esta sentencia es algo simbólico, pues no hay nada material que nos devuelva el tiempo perdido. Además, por parte del órgano persecutor no ha existido una excusa pública por el abuso cometido ni se ha perseguido a quienes nos ocasionaron este daño”.
El caso de Affe Gutiérrez Gil se remonta al año 2008, poco después de su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Según el expediente, tras esa unión fue objeto de una persecución institucional que derivó en su expulsión de la Policía Nacional y su sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio.
En 2009 fue arrestado preventivamente y permaneció en prisión más de dos años y medio, a pesar de que el testigo principal del caso admitió haber recibido dinero para acusarlo falsamente. Durante su proceso, fue condenado dos veces a 30 años de prisión, pero ambas sentencias fueron anuladas posteriormente por la Corte de Apelación al determinarse irregularidades graves.
Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, poniendo fin a un proceso judicial de casi diez años.
Durante su encarcelamiento, Gutiérrez Gil denunció haber sufrido múltiples abusos, incluyendo dos intentos de asesinato dentro de prisión y la imposibilidad de conocer a su hija recién nacida. También interpuso denuncias formales contra jueces y fiscales involucrados en su caso, algunos de los cuales años más tarde fueron destituidos del Poder Judicial por corrupción.
En agosto de 2020, Gutiérrez Gil presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República, reclamando una compensación de RD$100 millones por los daños ocasionados.
El TSA reconoció su condición de víctima de abuso de poder y declaró que el Estado actuó con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia reafirma ese criterio y cierra definitivamente un proceso que sienta un precedente en materia de derechos humanos, control judicial y responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos.
