El partido opositor cita datos oficiales que indican que más de la mitad de las obras registradas en el país se encuentran paralizadas.
Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes el presunto desplome del sector construcción, al que calificó como “uno de los pilares históricos del desarrollo económico y social del país”, tras analizar los datos más recientes del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE-2025-1) publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Durante una rueda de prensa encabezada por el secretario de Obras Públicas del PLD, Ramón Pepín, la organización política afirmó que el 52 por ciento de las obras registradas en el país se encuentran paralizadas, un indicador que —según sus declaraciones— refleja una pérdida de dinamismo en la inversión pública y privada.
Sector históricamente generador de crecimiento
El PLD recordó que, durante décadas, la construcción ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento económico, la generación de empleo y la expansión de la clase media.
“El sector de la construcción ha dinamizado la industria, el comercio y el bienestar de miles de familias dominicanas. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una preocupante desaceleración que amenaza con revertir los avances logrados en las administraciones pasadas”, expresó Pepín al leer un documento entregado a los medios.
Propuestas para reactivar la construcción
Ante la situación, el PLD presentó una serie de propuestas para reactivar la industria de la construcción, entre ellas la implementación de incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos de los materiales y faciliten el acceso a créditos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector.
También propuso liberar una partida del encaje legal, de forma focalizada, para financiar viviendas de bajo costo, así como aumentar la asignación presupuestaria destinada a bonos de vivienda.
La organización planteó además la creación de una ventanilla única digital que agilice los procesos de permisos de construcción, reduciendo los plazos a un máximo de 90 días.
El documento resalta que estas medidas permitirían dinamizar el empleo, fomentar la inversión y garantizar que más familias de clase media y trabajadora puedan acceder a una vivienda digna.
