El alcalde de Nagua, Junior Peralta, afirmó que las observaciones del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas corresponden a fallas administrativas de procedimiento y no a «robos» ni «sobrevaluaciones», y sostuvo que está dispuesto a cualquier investigación que ordene el Ministerio Público.
Nagua. – El alcalde del municipio de Nagua, Junior Peralta, ofreció este jueves una declaración pública sobre el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana correspondiente al período 2016-2021, documento que atribuye al Ayuntamiento de Nagua presuntas irregularidades administrativas en materia de compras, contrataciones, nómina, registros contables y manejo de fondos.
Peralta sostuvo que las observaciones señaladas por los auditores se refieren a procesos internos que no cumplieron con todos los requisitos formales de la ley, pero negó que exista desfalco, apropiación de recursos públicos o sobrevaluación de obras.
El alcalde habló durante una entrevista en el programa El Escándalo del Día, transmitido por la emisora Trébol 99.3 FM y replicado en medios digitales, en la que fue cuestionado sobre distintos puntos del informe.
El documento abarca cinco años de administración municipal, que incluyen un año de la gestión anterior y cuatro años de su mandato.
Peralta explicó que la Cámara de Cuentas entregó el informe final tras el proceso de auditoría, y que el Ayuntamiento debe remitir un plan de mejora en un plazo de 30 días.
Peralta indicó que “todas las auditorías se remiten al Ministerio Público” y dijo que no se opone a que las conclusiones de la Cámara de Cuentas sean examinadas por la Procuraduría General de la República, tal como establece la ley. Aseguró que está preparado para responder ante cualquier investigación posterior derivada del informe.
Compras y contrataciones
Uno de los señalamientos de la Cámara de Cuentas es la emisión de compras por montos cercanos a los nueve millones de pesos sin agotar procesos de licitación ni presentar las cotizaciones requeridas, lo que, de acuerdo con el informe, contraviene normas de Compras y Contrataciones.
Peralta reconoció esa situación y afirmó que obedeció a la realidad operativa del cabildo al inicio de su gestión.
Explicó que cuando asumió la Alcaldía no existía un departamento de Compras formalmente estructurado ni estaba habilitado el portal transaccional para los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Declaró que muchas de las compras citadas en el informe se refieren a repuestos y piezas usadas para camiones y equipos pesados del servicio de recolección de desechos, adquiridas en negocios informales que, según dijo, no cuentan con registro como suplidores del Estado ni emiten comprobantes con número de contribuyente.
Peralta sostuvo que ese tipo de compra directa se utilizó para evitar la paralización de los camiones de basura. Afirmó que la ley de Compras y Contrataciones, tal como está redactada, exige una licitación con plazos que pueden alcanzar hasta 45 días, lo que, según dijo, haría imposible mantener el servicio de recolección en casos de avería urgente de los vehículos.
Agregó que el Ayuntamiento evalúa convocar un proceso formal para la contratación del suministro de combustible, notificando a las estaciones de servicio del municipio para que participen en igualdad de condiciones.
Indicó que la administración municipal exigirá como requisito que la estación ganadora otorgue crédito de hasta 35 días, debido a que el Ayuntamiento no recibe de forma anticipada los fondos para cubrir por adelantado el gasto anual de carburante.
Nómina y personal
Otro de los señalamientos del informe es la permanencia en nómina de personal pensionado, así como pagos a empleados sin evidencia de la función desempeñada. Sobre este punto, Peralta explicó que parte del personal señalado corresponde a obreros envejecientes que fueron pensionados de manera solidaria pero se mantienen realizando labores como barrido de vías públicas, limpieza de cañadas, recogida de residuos y mantenimiento de cementerios.
Afirmó que en muchos de esos casos se trata de trabajadores con décadas de servicio en esas tareas y que, pese a su condición de pensionados, el Ayuntamiento no ha podido desvincularlos porque, según dijo, no existe reemplazo disponible para ese tipo de trabajo con el presupuesto salarial actual.
También se mencionó en el informe la presencia en nómina de personal registrado como “seguridad” o “militares”. Peralta respondió que esas personas corresponden a la Policía Municipal, no a miembros activos de las Fuerzas Armadas, y que se trata de personal civil que cumple funciones de seguridad municipal.
Distribución del gasto y cumplimiento de la ley
La auditoría incluye observaciones sobre la distribución de ingresos y la ejecución del gasto público municipal, señalando partidas que no se ajustan a los porcentajes establecidos por ley para inversión, servicios y personal.
Peralta afirmó que esa es una situación común en los ayuntamientos del país, debido a que el marco legal limita el porcentaje de recursos que puede destinarse a nómina, mientras las demarcaciones deben cubrir una estructura de personal más amplia que la prevista originalmente en la normativa.
Indicó que el Congreso Nacional introdujo cambios recientes al marco legal para ajustar esos porcentajes y, según su planteamiento, permitir que los cabildos puedan cubrir su propia estructura operativa sin quedar en incumplimiento técnico.
Supervisión de obras y pólizas
En relación con los más de cien millones de pesos asociados en el informe a “ejecución y supervisión de obras” por parte de la Oficina de Planeamiento Urbano, Peralta afirmó que esa cifra no se refiere a dinero manejado directamente por el director de Planeamiento para construir obras, sino a los procesos de supervisión y cubicación de obras municipales para fines de pago a contratistas.
Según explicó, la Cámara de Cuentas entiende que esas labores de supervisión debieron estar separadas en una estructura administrativa distinta a Planeamiento Urbano, creando un departamento de Obras que asumiera la supervisión técnica de campo.
El informe también señala pagos de obras sin inclusión de pólizas de “vicios ocultos”, documentos que garantizan que, si una obra presenta fallas estructurales después de entregada, el costo de corregirlas no recaiga nuevamente sobre el Ayuntamiento. Peralta dijo que ese requerimiento no era conocido en la gestión municipal en el momento en que se hicieron los contratos y que, a partir de ahora, será incorporado como criterio obligatorio.
Adquisición de equipos y vehículos
Uno de los puntos más discutidos del informe es la adquisición de equipos pesados, camiones recolectores, una retroexcavadora y otros vehículos, tanto en Europa como en Estados Unidos, así como el uso de cheques emitidos a nombre del propio alcalde en algunos de esos procesos.
La Cámara de Cuentas observa la ausencia de documentación formal del procedimiento de selección de oferentes, la falta de constancia de proveedores registrados y la inexistencia de comprobantes fiscales en algunas compras.
Peralta reconoció que en ocasiones se emitieron cheques a su nombre, pero aseguró que dichos fondos se usaron para la compra de camiones recolectores de basura, una retroexcavadora, equipos de compactación y herramientas de trabajo para el Ayuntamiento, y que esos bienes están en servicio. Afirmó que, en varios casos, se trató de compras en subasta pública en el extranjero, a precios que, según dijo, resultaron inferiores a los precios de mercado interno para ese tipo de maquinaria.
Declaró que esos procedimientos no siguieron todos los pasos formales exigidos por la ley de Compras y Contrataciones, entre ellos la presentación de Registro Nacional de Contribuyente local o la emisión de comprobantes con número fiscal. Sin embargo, insistió en que no hubo sustracción de fondos y que el objetivo, en sus palabras, fue abaratar costos para adquirir equipos que el Ayuntamiento no habría podido costear a precios regulares en el país.
Viáticos y gastos de representación
El informe de la Cámara de Cuentas consigna desembolsos por concepto de viáticos y gastos de representación a favor del alcalde que, según los auditores, no se sustentan con toda la documentación justificativa. El monto acumulado señalado asciende a aproximadamente 1.9 millones de pesos.
Peralta explicó que esos pagos corresponden a dos cheques mensuales, uno por viáticos y otro por gastos de representación, aprobados por la Sala Capitular al inicio de su gestión. Dijo que dichos montos, sumados durante el período auditado, alcanzan la cifra indicada por la Cámara de Cuentas. Añadió que en otros casos se emitieron cheques a su nombre para cubrir desplazamientos oficiales, reparaciones del vehículo de la Alcaldía fuera del municipio, actividades municipales durante la pandemia y apoyo a torneos comunitarios previamente autorizados por el cabildo, y que luego se presentaron descargos.
Plan de mejora y próximos pasos
La Cámara de Cuentas otorgó un plazo de 30 días para que el Ayuntamiento de Nagua presente un plan de mejora que detalle las medidas correctivas frente a las observaciones de la auditoría. Peralta declaró que ya se está trabajando ese documento. Señaló que gran parte de los señalamientos se repiten en distintos apartados del informe y giran en torno a los mismos temas: combustible, procedimientos de contratación, comprobantes fiscales, soporte impositivo y documentación de nómina.
El alcalde sostuvo que algunas de las observaciones administrativas podrían seguir apareciendo en futuras auditorías, sobre todo las relacionadas con empleados pensionados que continúan en labores operativas básicas del Ayuntamiento, por razones presupuestarias y de continuidad del servicio.
Peralta afirmó que la documentación de la auditoría está disponible y que, según su planteamiento, las compras y pagos cuestionados corresponden a servicios y bienes que están físicamente en uso en el municipio.
