El partido opositor acusa al Gobierno de incumplir el ajuste por inflación establecido en el Código Tributario, afectando el ingreso real de los trabajadores.
Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este viernes que más de 750 mil asalariados dominicanos están siendo castigados fiscalmente con impuestos indebidos debido a la negativa del Gobierno de aplicar la indexación del tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tal como establece el Código Tributario.
La denuncia fue presentada por Nélsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de la organización, quien calificó la situación como una violación directa a la ley y una práctica que reduce de forma progresiva el ingreso real de los trabajadores formales.
“Cada año, los trabajadores pagan más ISR simplemente porque sus salarios nominales suben por la inflación, no porque hayan mejorado su poder adquisitivo”, expresó Marmolejos durante una rueda de prensa celebrada en Santo Domingo.
La dirigente explicó que, si el Gobierno hubiese aplicado el ajuste por inflación dispuesto en la normativa tributaria, el tramo exento del ISR alcanzaría hoy alrededor de RD$50,000 mensuales, en lugar de los RD$34,685 que permanecen congelados desde el año 2017.
“De haberse realizado la indexación, los asalariados con sueldos medios, entre RD$40,000 y RD$70,000 mensuales, no estarían pagando un impuesto inflacionario que les resta entre RD$800 y RD$6,000 de su ingreso real cada mes”, precisó.
Marmolejos sostuvo que no es cierto el argumento de que la aplicación de la indexación afectaría la estabilidad macroeconómica, y advirtió que su no aplicación contribuye a distorsionarla y a erosionar la confianza en el sistema tributario.
Inequidad y presión sobre los trabajadores formales
La representante de Fuerza del Pueblo denunció una creciente inequidad en la estructura fiscal del país, señalando que los trabajadores formales están financiando una parte importante del gasto social mientras se les niega un derecho establecido por ley.
“Resulta irracional que, mientras el Gobierno justifica recursos para programas sociales destinados a quienes no tributan, niegue a los asalariados el ajuste que la ley ordena”, afirmó.
Asimismo, alertó sobre los riesgos que esta práctica genera para la legitimidad del sistema tributario y el aumento de la informalidad laboral.
