La propuesta legislativa modifica las leyes 63-17 y 113-21 para adecuarlas a la creación del nuevo Ministerio de Justicia y fortalecer el sistema penitenciario nacional.
Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República un proyecto de ley que busca transferir al recién creado Ministerio de Justicia la administración del 75% de los recursos provenientes del cobro de multas de tránsito, fondos que hasta ahora son gestionados por la Procuraduría General de la República (PGR).
El proyecto legislativo modifica el artículo 298 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como el artículo 156 de la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional.
Con esta propuesta, el Gobierno pretende adecuar el marco jurídico al nuevo esquema institucional establecido por la Ley 80-25, promulgada el pasado 7 de agosto, mediante la cual se crea el Ministerio de Justicia.
Según la iniciativa, los ingresos obtenidos por el cobro de multas se distribuirán en un 75% para el Ministerio de Justicia, que los destinará al financiamiento del Sistema Penitenciario y Correccional, y un 25% para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Actualmente, el mismo artículo asigna ese 75% a la Procuraduría General de la República, entidad que dejaría de administrar dichos fondos una vez entre en vigor la nueva disposición.
El proyecto fue introducido a la Cámara Alta el 9 de octubre y remitido a la Comisión Permanente de Justicia el 16 del mismo mes para su estudio.
Fundamento legal y transición institucional
En su considerando tercero, el proyecto recuerda que la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (80-25) dispone que las funciones de coordinación y financiamiento del sistema penitenciario pasen del Ministerio Público al nuevo ministerio, que ahora será el órgano rector en esa materia.
La normativa también establece que el Ministerio de Justicia dispondrá de un plazo máximo de doce meses desde la designación de su titular para su puesta en funcionamiento, proceso que deberá coordinar con el Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Bienes Nacionales.
La entidad contará con seis viceministerios, y su creación busca fortalecer las capacidades del Estado en materia de justicia, derechos humanos y administración penitenciaria.
Modificación a la Ley 113-21
La propuesta legislativa también modifica el artículo 156 de la Ley 113-21, sobre multas por contravenciones, eliminando la frase “que no provengan de infracciones de tránsito” e incorporando un párrafo único.
Dicho párrafo establece que el 75% de los ingresos por multas de tránsito pasará al Ministerio de Justicia, para ser destinados al financiamiento del Sistema Penitenciario y Correccional.
El proyecto deberá agotar el proceso legislativo ordinario, que incluye su aprobación en dos lecturas por ambas cámaras y su posterior envío al Poder Ejecutivo para promulgación u observación.
