El presidente interino José Jerí anunció la suspensión de derechos constitucionales y la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas durante 30 días.
Lima. – El Gobierno de Perú declaró un estado de emergencia en la capital, Lima, y en la vecina provincia del Callao, con el objetivo de enfrentar el avance de la delincuencia organizada que, según las autoridades, ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses.
El anuncio fue realizado por el presidente interino José Jerí en un mensaje a la nación transmitido por televisión y redes sociales, en el que afirmó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada, causando un inmenso dolor a miles de familias y afectando la economía nacional”.
La medida, que entrará en vigor a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), tendrá una duración de 30 días y contempla la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito.
Medidas excepcionales de seguridad
Durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en tareas de patrullaje y control en zonas críticas, incluyendo paraderos, estaciones de metro, instituciones públicas y áreas con alta incidencia delictiva.
Además, se instalarán comandos de campaña temporales y se realizarán operativos masivos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
El decreto publicado en el diario oficial El Peruano también establece restricciones en los centros penitenciarios, como la limitación de visitas a reclusos y la implementación de un “apagón eléctrico” nocturno en las celdas.
Asimismo, se ordena el desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas dentro de los penales, cuya supervisión quedará a cargo de las Fuerzas Armadas.
Contexto de crisis política y social
Jerí, quien asumió la presidencia hace menos de dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, señaló que “hoy empezamos a cambiar la historia” y aseguró que el combate al crimen permitirá al país “recuperar la paz y la tranquilidad”.
El mandatario publicó horas antes del anuncio un mensaje en su cuenta de X afirmando que el país pasará “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre los mecanismos de ejecución del estado de emergencia.
En las últimas semanas, Perú ha experimentado un repunte de la violencia. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre julio y septiembre de 2025 se registraron 575 homicidios, la cifra más alta del año.
El crimen organizado y la inseguridad han sido, además, detonantes de protestas y paros del sector transporte que han dejado decenas de víctimas.
El nuevo decreto se suma a medidas similares aplicadas en años recientes en otras regiones del país, particularmente en la costa norte, para enfrentar la minería ilegal y el avance de las mafias vinculadas al narcotráfico y la extorsión.
