El caos del tránsito dominicano sigue cobrando vidas, especialmente entre los motoristas que circulan sin protección y sin respeto a la Ley 63-17.
Cada día, las calles y carreteras de la República Dominicana se llenan de motocicletas que transportan personas, mercancías y esperanzas. En municipios como Nagua, El Factor, Cabrera o Río San Juan, los motociclistas son parte esencial de la vida cotidiana. Pero tras esa normalidad se esconde un drama que se repite con demasiada frecuencia: el de las muertes por accidentes de tránsito, muchas veces evitables, causadas por la falta de control, la resistencia a cumplir la ley y la indiferencia colectiva ante el riesgo.
El uso de la motocicleta se ha expandido vertiginosamente en el país, pero sin que esa expansión haya ido acompañada de una cultura vial responsable ni de una aplicación efectiva de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Esa combinación de informalidad, desorden y falta de cumplimiento ha convertido a las motocicletas en protagonistas de la mayoría de los accidentes mortales en República Dominicana.
Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. Durante el año 2024, los accidentes de tránsito cobraron alrededor de 3,114 vidas en el país, lo que equivale a unas ocho personas fallecidas cada día. De ese total, cerca del 68 % de las muertes estuvieron relacionadas con motocicletas. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), el 71 % de las víctimas fatales de siniestros viales fueron motoristas, una tendencia que se mantiene estable desde hace varios años.
Estos números no son simples estadísticas, ellas representan familias destrozadas, comunidades marcadas por el luto y un sistema de transporte que no ha logrado garantizar la seguridad de sus usuarios. Cada accidente es un recordatorio del costo humano de la imprudencia y la falta de control.
La Ley 63-17 establece con claridad, en su artículo 157, la obligatoriedad del uso del casco protector tanto para conductores como para acompañantes. Sin embargo, en la práctica, esa disposición se cumple de manera irregular.
La DIGESETT, institución encargada de hacer cumplir las normas de tránsito, realiza operativos puntuales, pero sin la continuidad ni la firmeza necesarias para generar un cambio real.
En operativos recientes, se reportaron más de 7,400 motociclistas fiscalizados por circular sin casco protector, dentro de un total de más de 22 mil infracciones. A pesar de los esfuerzos del INTRANT por regular la importación y venta de cascos no certificados, la realidad en las calles sigue siendo otra, pues los conductores de pasolas o motocicletas, operan en la informalidad, muchas veces sin licencia, sin registro y sin protección.
El problema no radica solo en la falta de operativos, sino también en la ausencia de seguimiento y educación ciudadana. Las sanciones pierden efecto cuando se aplican de manera intermitente, y los motoristas vuelven a la carretera con la misma indiferencia de siempre.
Nadie puede desconocer que el motoconcho es fuente de sustento para miles de familias. Pero esa realidad económica no puede justificar el incumplimiento de la ley ni el desprecio por la vida.
Las excusas se repiten: el calor, la incomodidad, el costo del casco o la confianza de circular por rutas conocidas. Sin embargo, los estudios médicos y forenses son contundentes, ellos establecen que el uso del casco reduce en más del 40 % el riesgo de muerte y en un 70 % el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.
El casco no es una imposición burocrática, ojalá y lo entendamos, es una herramienta de supervivencia. Negarse a usarlo es jugar con la vida propia y con la tranquilidad de los seres queridos.
La responsabilidad es colectiva. La DIGESETT debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización, depurar su cuerpo de agentes y mantener controles permanentes, no esporádicos. El INTRANT debe acompañar sus medidas con campañas sostenidas de educación y cultura vial, sobre todo en provincias como María Trinidad Sánchez, donde la motocicleta es el medio de transporte predominante. Y la ciudadanía, por su parte, debe asumir que respetar la ley no es una opción, sino una obligación moral y social.
Cada casco colocado es una vida que se preserva. Cada multa aplicada con justicia es una lección que puede salvar otra. El respeto a la ley de tránsito no se logra con miedo, sino con conciencia.
La violencia vial no puede seguir siendo parte del paisaje diario. Cada accidente que ocurre en nuestras calles es una derrota para todos: para las autoridades, para la sociedad y para quienes callan ante la imprudencia. Por eso, este editorial es también un llamado a la acción.
Que cada ciudadano entienda que la ley no se cumple por temor a la multa, sino por respeto a la vida. Que cada motorista salga a las calles con casco, con documentos y con responsabilidad. Que la DIGESETT y el INTRANT actúen con la firmeza que las circunstancias exigen.
La vida no puede seguir perdiéndose en el asfalto por descuido o desobediencia. Respetemos la ley. Usemos el casco. Conduzcamos con conciencia. Porque detrás de cada accidente hay una familia, un nombre y una historia que pudo continuar.
Por: Amaury Reyna Liberato, director de ElNaguero.com
