Otros siete agentes enfrentan medidas económicas y restricciones judiciales mientras continúa la investigación del caso.
Santiago. – Un tribunal de esta ciudad dictó prisión preventiva y medidas de coerción contra once miembros de la Policía Nacional imputados por la muerte de cinco hombres ocurrida el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita.
De los acusados, el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación fueron enviados al Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde cumplirán prisión preventiva.
El tribunal también impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a los oficiales superiores mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, al capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, al segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, a los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y al raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Asimismo, se dispuso una orden de protección en favor de víctimas y testigos vinculados al proceso judicial.
Las víctimas y los hechos
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
De acuerdo con el Ministerio Público, los agentes involucrados arribaron a la plaza a bordo de tres vehículos —dos automóviles, un Mazda y un Honda Civic, y un KIA K5 del año 2013— desde los cuales abrieron fuego sin mediar palabras contra los hombres, en presencia de testigos que grabaron parte del hecho.
Tras el tiroteo, los agentes confiscaron el teléfono móvil del testigo y presuntamente sustrajeron las grabadoras de vídeo digital (DVR) de los negocios del área, además de otros celulares pertenecientes a personas que se encontraban en el lugar.
Fiscalía acusa a los agentes de destruir evidencias
La Fiscalía de Santiago sostuvo que los imputados realizaron “una serie de acciones destinadas a ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior”, lo que incluye la destrucción de grabaciones y material audiovisual relacionado con el suceso.
El caso fue calificado jurídicamente bajo violación de los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La audiencia, presidida por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, se extendió por más de seis horas e incluyó dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.
