La medida busca garantizar la transparencia y el cumplimiento tributario en los procesos de compras públicas.
Santo Domingo. – La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo mediante el cual se establece la emisión obligatoria de una Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras para los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.
De acuerdo con el comunicado de la DGA, la certificación entrará en vigor el 2 de enero de 2026 y será un requisito indispensable para participar en los procesos de licitación pública, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y control fiscal en la contratación estatal.
Emisión y requisitos
El certificado será emitido únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera. En los casos en que un proveedor mantenga un acuerdo de pago vigente por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos, precisó la institución.
Asimismo, la DGA señaló que los suplidores deberán mantenerse al día al momento de firmar contratos con entidades públicas y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para los proveedores no registrados como contribuyentes, se habilitará un portal de consulta en línea, donde podrá verificarse si una persona física o jurídica figura o no como contribuyente aduanero, ingresando su número de cédula o RNC.
Fundamento legal y propósito
La obligación está contemplada en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 47-25, que actualiza el régimen legal en la materia.
El director general de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, explicó que esta medida busca “garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable y en cumplimiento con sus compromisos aduaneros”.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la implementación del certificado “fortalece los principios de integridad, legalidad y responsabilidad fiscal en la gestión pública”.
