El partido opositor denunció que han transcurrido más de 13 días desde el emplazamiento sin que se conozca respuesta del oficialismo.
Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) que certifique si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha cumplido con el emplazamiento realizado el pasado 30 de agosto de 2025, mediante acto de alguacil, en el que se ordenaba detener los actos y declaraciones proselitistas fuera del plazo legal.
La solicitud fue depositada el 29 de septiembre por el delegado político del PRD ante la JCE, José Fernando Pérez Vólquez, en la Secretaría General del órgano electoral.
En el documento, pidió que se establezca si el PRM acató lo dispuesto en el acto de alguacil 674/2025 y, en caso afirmativo, que se notifique cuáles actividades realizó en respuesta a ese mandato.
El PRD denunció que ya han pasado más de 13 días desde el vencimiento del plazo otorgado al PRM sin que se tenga constancia pública de cumplimiento, lo que calificó como un desafío a la autoridad de la JCE y una amenaza a la equidad democrática del proceso electoral.
El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, exhortó a la JCE a imponer su autoridad: “Yo le hago un llamado a la Junta Central Electoral para que haga valer su decisión, porque si eso se queda así aquí nadie va a respetar nada de la JCE y todos van a estar en campaña. Por otro lado, al señor Paliza que diga si ha mandado la comunicación por escrito a la Secretaría de la Junta Central Electoral y a la Junta Central Electoral, que de no hacerlo aplique las sanciones”.
El PRD advirtió que la falta de acción frente a lo que considera una violación de plazos electorales por parte del partido oficialista representaría un retroceso institucional, debilitando a la Junta y poniendo en riesgo la transparencia del proceso.
En su posición pública, el partido reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y exhortó a la JCE a aplicar las sanciones previstas en la ley electoral, que van desde multas administrativas hasta la no aceptación de candidaturas, como medida para frenar el proselitismo anticipado y garantizar un proceso equitativo.
