La protección de los ecosistemas marinos en República Dominicana ha encontrado en el pez loro una de sus mayores banderas. Esta especie, vital para la salud de los arrecifes coralinos y las playas, se encuentra bajo veda legal desde hace varios años, con prórrogas que buscan garantizar su recuperación.
Sin embargo, la normativa convive con realidades contradictorias y fuertes, porque mientras los decretos de prohibición se extienden, en comunidades costeras la comercialización del pez loro sigue siendo visible, incluso en tramos carreteros concurridos, como es el caso de San José de Matanzas-Nagua, todo esto sin que se perciban consecuencias legales efectivas.
El pez loro, perteneciente a la subfamilia Scarinae, desempeña un papel determinante en los arrecifes. Su dentadura en forma de pico le permite raspar algas y corales muertos, evitando que las algas invadan al coral vivo. Durante este proceso tritura roca calcárea y la excreta en forma de arena, contribuyendo a la formación de playas blancas, un recurso natural de enorme valor turístico para el país.
Además, su actividad de limpieza de algas facilita la regeneración coralina y el asentamiento de nuevas larvas. Un solo ejemplar puede producir decenas de kilos de arena al año, lo que lo convierte en un verdadero “ingeniero” del ecosistema. La desaparición o disminución de esta especie se traduciría en arrecifes debilitados, playas erosionadas y una amenaza directa al turismo costero y a la biodiversidad marina.
La primera disposición formal que declaró vedado al pez loro se adoptó en 2017 a través del Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente, en 2021, el Decreto 418-21 reforzó la medida por dos años. En junio de 2023, el Decreto 281-23 amplió la prohibición hasta el 2 de julio de 2025, prohibiendo de forma expresa la captura, comercialización y consumo de peces herbívoros arrecifales, incluyendo el pez loro.
El más reciente Decreto 266-25, promulgado en mayo de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial, prorrogó la veda por dos años más, lo que la extiende hasta el 2027. La normativa prohíbe la captura, pesca y comercialización de familias de peces arrecifales como Scaridae (pez loro), Acanthuridae, Pomacanthidae, Chaetodontidae y Holothuroidea, salvo en casos de investigación científica debidamente autorizada.
Estas medidas responden a la evidencia científica que demuestra la importancia del pez loro para la resiliencia de los arrecifes y el turismo dominicano. No obstante, su aplicación enfrenta desafíos significativos.
Las autoridades han realizado operativos para garantizar el cumplimiento de la veda. En 2023 se incautaron más de 13 mil libras de pez loro en diferentes provincias costeras, y se clausuraron establecimientos sorprendidos comercializando la especie, como ocurrió en Río San Juan. También se han reportado decomisos en carreteras y puertos, en coordinación con la Armada, CODOPESCA y el Servicio Nacional de Protección Ambiental.
A pesar de esos esfuerzos, la venta del pez loro sigue presente en zonas turísticas y costeras. En Boca Chica, restaurantes de playa lo ofrecen en menús a precios visibles, según reportes recientes. En el litoral norte, comunitarios denuncian que la especie se comercializa durante todo el año en tramos carreteros entre San José de Matanzas y Nagua, a la vista de las autoridades y sin que se registren consecuencias legales. Esta contradicción erosiona la efectividad de la veda y alimenta la percepción de impunidad.
La prohibición no se explica únicamente en términos legales, sino por la urgencia de atender problemas estructurales. La sobrepesca histórica redujo las poblaciones del pez loro hasta niveles preocupantes. Al mismo tiempo, los arrecifes dominicanos sufren los efectos del cambio climático, el blanqueamiento coralino, la contaminación y el turismo descontrolado.
En este contexto, la pérdida de peces herbívoros acelera el deterioro coralino. La veda busca recuperar las poblaciones de pez loro, mejorar el control de algas, incrementar la producción natural de arena y garantizar que los arrecifes sigan siendo fuente de vida, alimento y atractivo turístico.
El cumplimiento de la veda genera tensiones entre pescadores artesanales que tradicionalmente capturaban pez loro para consumo o venta. En muchas comunidades costeras, la pesca representa la principal fuente de subsistencia, por lo que la prohibición sin alternativas visibles alimenta la pesca furtiva.
El reto del Gobierno es ofrecer opciones que sustituyan esa pérdida de ingresos. Programas de turismo comunitario, acuicultura sostenible y capacitación en pesquerías alternativas podrían mitigar la resistencia local. Sin estas medidas, la veda corre el riesgo de mantenerse como un mandato legal que convive con prácticas informales difíciles de erradicar.
La continuidad de la veda plantea desafíos concretos que definirán su éxito o fracaso, entre ellos se encuentra el reto de fortalecer la fiscalización, impulsar programas de educación y sensibilización, trabajar la transparencia institucional, definir alternativas económicas que permitan la reducción de la dependencia de la pesca ilegal y que abran oportunidades sostenibles a las comunidades pesqueras e invertir en el monitoreo científico que pueda producir estudios continuos para medir si la veda está generando efectos reales en la recuperación del pez loro y en la salud de los arrecifes.
La veda del pez loro en República Dominicana simboliza la voluntad de proteger un recurso crítico para el país. No obstante, el contraste entre la norma y la práctica cotidiana —con ventas abiertas en playas y carreteras— revela la necesidad de pasar de decretos a resultados tangibles.
Si se logra reforzar la fiscalización, sensibilizar a la población y ofrecer alternativas económicas viables, la veda puede convertirse en un modelo de conservación regional que asegure la recuperación de arrecifes y playas. De lo contrario, quedará como un instrumento legal con escasa efectividad frente a la presión de la práctica ilegal y la indiferencia institucional.
Proteger al pez loro no es una consigna ambiental aislada, es preservar el equilibrio del mar, la economía del turismo y el futuro de las comunidades costeras dominicanas.
Por: Amaury Reyna Liberato, comunicador. Residente en El Factor, María Trinidad Sánchez.
