En las últimas dos décadas, la República Dominicana ha estado marcada por una secuencia de casos de corrupción que han sacudido la confianza ciudadana y debilitado las instituciones.
Sun Land, OISOE, Tucano, OMSA, Odebrecht, Coral, Coral 5G, Antipulpo, Medusa, Operación 13, Calamar y, más recientemente, las denuncias en torno al Senasa, forman parte de un inventario doloroso de expedientes que revelan cómo los recursos públicos han sido desviados a intereses particulares.
Cada uno de estos nombres encierra mucho más que un expediente judicial, representa hospitales sin equipar, escuelas inconclusas, caminos olvidados, agua potable que nunca llega a los hogares y miles de jóvenes que ven frustrado su futuro en un país que no les ofrece oportunidades.
La corrupción no es simplemente un delito económico, es un multiplicador de la desigualdad y un obstáculo que frena el desarrollo nacional.
Si los fondos desviados en esos procesos hubiesen sido utilizados con transparencia, hoy el país contaría con servicios de salud dignos, educación de calidad, un sistema de transporte eficiente, energía estable y políticas sociales capaces de reducir la pobreza.
Los problemas que hoy parecen insuperables tienen, en gran medida, su raíz en la corrupción y frente a esta realidad, no basta con procesos judiciales que muchas veces terminan inconclusos.
Es necesario desmontar la cultura de impunidad que protege a los corruptos y consolidar un sistema en el que la rendición de cuentas sea regla permanente.
La corrupción no puede seguir siendo vista como un error administrativo ni como un asunto pasajero: es un cáncer que carcome las bases de la sociedad, roba el presente y asalta el futuro.
Roberto Amaury Reyna Liberato, director de ElNaguero.com
