La propuesta prioriza inversión pública, servicios sociales y crecimiento económico estable.
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano aprobó este martes el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, el cual será remitido al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, en cumplimiento del mandato constitucional.
El anuncio fue ofrecido por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, tras la reunión del Consejo de Ministros encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Paliza informó que el Presupuesto 2026 asciende a un billón 744 mil millones de pesos, equivalentes a unos 29 mil 500 millones de dólares, lo que representa el 20.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Explicó que uno de los ejes centrales será el impulso a la inversión pública, que alcanzará el 2.5 por ciento del PIB.
El funcionario precisó que los recursos estarán dirigidos a proyectos estratégicos en transporte, vivienda, agua potable y saneamiento, con el objetivo de dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Agregó que el plan contempla medidas de eficiencia en el uso de los fondos públicos, como la reciente fusión de los ministerios de Hacienda y Economía.
Dentro de la propuesta, los servicios sociales representarán el 46 por ciento del gasto total. Se asignará un 4.0 por ciento del PIB a educación, además de incrementos en salud, seguridad social y una mayor partida para deportes, con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país en 2026.
Por su parte, Rijo Presbot destacó que la formulación del presupuesto se apoya en un marco macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB de 4.5 por ciento y una inflación promedio de 4.0 por ciento para el próximo año.
Durante el encuentro ministerial también fueron presentados los avances de la Evaluación de Desempeño Institucional, a cargo del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, así como el seguimiento a 10 metas priorizadas por el Gobierno en sectores como agricultura, energía y minas, e industria y comercio.
