La organización política señala que el presupuesto del organismo, estimado en RD$40,000 millones para 2025, requiere controles ejemplares.
Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó este lunes al presidente Luis Abinader ordenar una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre los procesos administrativos y de licitación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desde el año 2021.
La organización opositora argumentó que la magnitud del presupuesto que maneja el Inabie, calculado en RD$40,000 millones para 2025, obliga a garantizar un desempeño institucional libre de cuestionamientos y con prácticas que fortalezcan la confianza ciudadana en la gestión pública.
Denuncias sobre licitaciones escolares
El PLD recordó que en 2021, durante el proceso de adjudicación del almuerzo escolar, el Inabie otorgó contratos de forma irregular a más de 1,260 proveedores.
Agregó que desde entonces, ninguna de las licitaciones efectuadas en los últimos cuatro años ha estado exenta de denuncias, que incluyen asignaciones a suplidores sin cumplir requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y presuntos cobros ilegales a suplidores como condición para garantizar adjudicaciones.
La organización política sostuvo que las observaciones sobre el manejo del Inabie han sido también documentadas por organismos oficiales como la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.
Ambos han identificado irregularidades en adquisiciones de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan los RD$6,000 millones.
Propuestas de reforma
Ante lo que definió como un deterioro institucional, el PLD planteó medidas urgentes para recuperar la credibilidad del Inabie. Propuso fortalecer sus controles internos, reforzar la supervisión de los procesos de licitación y asegurar que todos los procedimientos se desarrollen con criterios de máxima transparencia.
Asimismo, sugirió implementar mecanismos que garanticen pagos oportunos a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras, realizar verificaciones rigurosas de las plantas físicas de los oferentes y eliminar intermediaciones que encarecen los contratos.
El partido también llamó a establecer medidas de protección frente a posibles represalias contra quienes denuncien irregularidades y a instaurar una cultura institucional de cero tolerancia frente a la corrupción, de manera que los programas sociales dirigidos a la población estudiantil lleguen con eficiencia y sin desvíos.
