El fallo también incluye una multa de 300 salarios mínimos y la absolución de tres coimputados.
Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes al empresario Jairo Joel González Durán a ocho años de prisión, tras hallarlo culpable de dirigir un esquema fraudulento con el que captó fondos millonarios de cientos de personas, mediante estructuras comerciales y el uso de plataformas electrónicas.
La sentencia establece que González deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Además, fue condenado al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público y a resarcir con más de RD$700 millones a los afectados por la estafa.
El tribunal, presidido por la jueza Arlin Ventura e integrado por las magistradas Milagros Ramírez y Leticia Martínez Noboa, acogió parcialmente la constitución en actor civil presentada por las víctimas, ordenando la restitución de los capitales invertidos. La resolución incluye un listado detallado con nombres de los perjudicados y los montos individuales que deberán ser devueltos, algunos de los cuales superan los RD$30 millones.
Indemnizaciones millonarias y afectados
El dispositivo judicial recoge indemnizaciones que van desde RD$700,000.00 hasta RD$33,000,000.00, lo que refleja la magnitud de los fondos captados por la empresa que lideraba González. Entre los beneficiarios se encuentran inversionistas particulares, familias completas y entidades como la Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados de la Secretaría de Trabajo, así como sociedades comerciales que participaron en el proceso de inversión.
En algunos casos, la condena establece la responsabilidad solidaria con Kelmin Santos Rodríguez, otro de los encausados, quien fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida, condicionada a reglas de conducta estrictas: abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, mantener residencia fija, no portar armas de fuego y permanecer bajo la supervisión del juez de ejecución de la pena.
Mientras tanto, los coimputados Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez fueron absueltos, luego de que el tribunal determinara que no existían pruebas suficientes para vincularlos al esquema fraudulento, estableciendo que su rol se limitaba a ser empleados sin capacidad de decisión en la estructura empresarial.
Ministerio Público había solicitado 20 años
Durante el juicio, los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional —Pelagio Alcántara, Lewina Tavárez, Miguel Pichardo y Margaret Cabrera— habían solicitado al tribunal imponer a González una condena de 20 años de prisión, junto con una multa de 400 salarios mínimos y la inhabilitación permanente para desempeñarse en el mercado de valores.
El fallo dictado finalmente redujo la solicitud de los fiscales, aunque mantuvo un componente clave: la obligación de devolver las sumas millonarias a los inversionistas estafados, convirtiéndose en uno de los procesos de mayor impacto económico que ha conocido la jurisdicción penal en los últimos años en materia de fraudes financieros.
Contexto del caso
La acusación contra González señalaba que utilizó estrategias de inversión ficticias y promesas de rentabilidad a través de su empresa Harvest Trading Cap y otras estructuras comerciales, generando confianza entre profesionales, empresarios y particulares que aportaron recursos en busca de beneficios financieros. La investigación reveló que el dinero captado no fue invertido en mercados bursátiles, como se publicitaba, sino que se destinó a fines distintos, configurando un fraude de grandes dimensiones.
La condena busca restablecer en lo posible el daño ocasionado a las víctimas, aunque el proceso de ejecución civil y la recuperación efectiva de los fondos dependerá de la identificación de los activos disponibles y de los mecanismos de cobro que se apliquen en la fase posterior al fallo.
Con la lectura de la sentencia, el caso entra ahora en fase de apelación, tanto para la defensa como para el Ministerio Público, que podría recurrir en busca de una sanción mayor.
