La medida dispone auditorías obligatorias, informes técnicos y mayor supervisión para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos destinados a la infraestructura educativa.
Santo Domingo. – El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió este martes la Orden Departamental 055-2025, mediante la cual se refuerza el proceso de control y revisión de los contratos de mantenimiento correctivo en los centros educativos.
La decisión se enmarca en el compromiso de asegurar que cada peso invertido en la planta física escolar se traduzca en resultados verificables y en condiciones más dignas para la comunidad estudiantil.
Desde marzo de 2025, el Ministerio de Educación se encuentra en un proceso de revisión integral de todos los contratos de mantenimiento correctivo, tanto los heredados de la administración anterior como los suscritos en la gestión actual.
Esta estrategia, desarrollada con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República, busca blindar la transparencia en el uso de los fondos públicos y evitar que recursos destinados a las escuelas se desvíen o se apliquen de manera deficiente.
El nuevo marco normativo establece que ninguna transferencia de fondos hacia las juntas descentralizadas podrá realizarse sin que exista una auditoría que certifique, de forma satisfactoria, la conclusión de los trabajos ejecutados.
Dichos informes deberán contar con la validación de la Contraloría antes de autorizarse los desembolsos, lo que refuerza el control financiero y administrativo de estas operaciones.
La orden también instruye la elaboración de informes técnicos sobre casos en los que se detecten obras pagadas y no ejecutadas. Estos documentos serán remitidos al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, en los casos que así lo ameriten, al Ministerio Público, para que se inicien las acciones legales correspondientes.
Paralelamente, la Dirección de Infraestructura Escolar asume un rol más activo en la supervisión de las obras en curso, garantizando que cada proyecto sea monitoreado de principio a fin.
La disposición reafirma, además, la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir estrictamente con el Reglamento para el Manejo de Fondos. Esto implica aprobar planes operativos y presupuestos de manera oportuna, rendir informes mensuales de ejecución, mantener inventarios actualizados y cumplir con las deducciones fiscales establecidas.
El Ministerio recordó que las juntas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y que cualquier incumplimiento será sancionado de acuerdo con la normativa vigente.
La cartera educativa señaló que el Consejo Nacional de Educación tiene la facultad de anular cualquier decisión de las juntas que contravenga la Constitución o la Ley General de Educación, reforzando así el marco institucional que regula la administración de los recursos públicos destinados a la educación.
El Ministerio de Educación subrayó que la finalidad de estas medidas es consolidar un sistema de control técnico, financiero y legal más robusto, que asegure la transparencia y eficiencia en la conservación de la planta física escolar.
En palabras de la institución, el mandato del ministro De Camps es claro: que cada recurso destinado al mantenimiento escolar se traduzca en obras verificadas y en mejores condiciones para los estudiantes y maestros en todo el territorio nacional.
