La organización no partidista denuncia que esta práctica es una política de Estado aplicada por distintos gobiernos, sin consecuencias para los responsables.
Santo Domingo. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) reclamó este lunes una investigación exhaustiva de todos los casos de alegados intercambios de disparos entre civiles y agentes de la Policía Nacional, tras la muerte de cinco hombres en Santiago la semana pasada en circunstancias aún no esclarecidas.
En un comunicado, la entidad subrayó que las pesquisas deben estar dirigidas por fiscales, con el acompañamiento del Ministerio de Interior y Policía y la propia Policía Nacional, y que los resultados deben ser publicados en un tiempo razonable.
“Si se determina responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la justicia”, puntualizó.
PC advirtió que la eliminación de personas bajo el alegato de intercambios de disparos se ha convertido en una práctica que trasciende gobiernos, y que en muchos casos constituye una política pública “inconstitucional e ilegal” que convierte a los agentes en “jueces y ejecutores”.
A juicio de la organización, se trata de una pena de muerte encubierta que no está contemplada en la legislación dominicana y que, bajo el pretexto de combatir la criminalidad, termina por convertir a quienes deberían hacer cumplir la ley en perpetradores de delitos.
De acuerdo con cifras citadas por la entidad, hasta el 5 de septiembre de este año se contabilizan 175 muertes en supuestos intercambios de disparos, lo que representa 18 casos más que en el mismo período de 2024.
El comunicado también hizo referencia al Informe de Latinobarómetro 2024, que sitúa a la República Dominicana en el primer lugar de la región, junto a Bolivia, en violencia desde el Estado con un 21%, muy por encima del promedio latinoamericano de 14%. Chile aparece con el porcentaje más bajo, con un 4%.
Participación Ciudadana recordó que durante años la investigación de estos hechos estuvo a cargo de la propia Policía Nacional, lo que contribuyó a mantener un esquema de impunidad. En ese sentido, planteó que lo ocurrido en Santiago debe marcar un precedente para garantizar que toda muerte provocada por agentes policiales sea objeto de indagación independiente y transparente.
La organización llamó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a diseñar y aprobar políticas públicas que aseguren investigaciones rigurosas en todos los casos y que los resultados se hagan públicos.
“Si alguien ha comprometido su responsabilidad penal, debe ser sometido a la acción de la justicia y aplicarse el régimen de consecuencias correspondiente”, concluyó PC.
