En 2010, la sociedad dominicana fue invadida por un mar de sombrillas amarillas. Ese símbolo, cargado de esperanza y de la promesa de una luz futura, representaba el reclamo por el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97, en su artículo 197, que establece que la inversión pública en educación preuniversitaria no debe ser inferior al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Los años 2011 y 2012 intensificaron la lucha, alcanzando hitos como los famosos “lunes amarillos”, un movimiento que nunca puso en duda que la aplicación de la ley era —y sigue siendo— lo correcto.
Doce años después de que se comenzara a cumplir con ese mandato legal, el 2025 nos encuentra con más preguntas que respuestas. La esperanza y la luz que representaba aquel vibrante amarillo se han diluido en medio de un panorama confuso.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que fue el primero en ejecutar esa inversión, hoy en la oposición insiste en usar la educación como juguete político para intentar hacer oposición, pero sin mostrar resultados reales y sostenibles que avalen aquella histórica victoria ciudadana.
Es innegable que en la gestión peledeísta se construyeron aulas, se mejoraron salarios y se impulsaron programas de bienestar estudiantil. Todo ello tangible, visible, “palpable” como gustaban enarbolar en sus discursos oficiales. Sin embargo, esa luz amarilla nunca resplandeció en lo esencial: hoy tenemos una juventud poco preparada, con un déficit profundo en la calidad de lo aprendido y, peor aún, con una creciente apatía social.
El PLD contabilizó como logro la cantidad de estudiantes matriculados, presentando el dato como si se tratara de un proyecto “fast fashion”: mucho volumen, poca esencia. Pero lo esencial en educación no se mide en cifras de matrícula, sino en calidad de aprendizaje, innovación y resultados transformadores.
Basta ver que la inversión en investigación y desarrollo en República Dominicana sigue reducida a un marginal 0.1 % o 0.2 % del PIB. Esa simple estadística desnuda la pregunta clave: ¿desde dónde se partió realmente en 2013, cuando el entonces presidente Danilo Medina anunció el inicio de la “Revolución Educativa”?
Más que revolución, lo que se vio fue una gran inversión en infraestructura. Se construyeron miles de aulas y centros escolares, pero sin un plan integral ni sostenible que respondiera a la realidad social del país. Fue más cómodo copiar modelos de otros países y cruzar los dedos para que funcionaran aquí, que sentarse a pensar un proyecto propio, hecho a la medida de la sociedad dominicana.
Por eso, exigir hoy que el actual gobierno muestre resultados transformadores en apenas cinco años es, además de una incoherencia, un gesto de mezquindad política. Aun así, no puede negarse que esta gestión ha tenido aciertos relevantes: el programa TRAE, que ofrece transporte escolar a miles de estudiantes, la continuidad de la construcción de aulas —aunque no al mismo ritmo— y la permanencia de programas de bienestar estudiantil. La verdadera factura de resultados deberá pasar balance en algunos años, cuando se puedan evaluar los frutos de las políticas que se implementan ahora.
El desafío de este gobierno es enorme: necesita tomar decisiones difíciles, aceptar que se sigue invirtiendo dinero sin objetivos claros y, sobre todo, dar un giro hacia lo cualitativo. Todavía hay tiempo para devolverle a la educación dominicana aquella luz y esperanza de los lunes amarillos, pero ya no desde la consigna política ni desde lo “correcto” de un discurso, sino desde la construcción de una auténtica revolución educativa.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tiene también su cuota de responsabilidad en esta crisis. Consciente de que la inversión en educación crece año tras año, ha sabido aprovechar esa realidad para centrarse casi exclusivamente en la defensa de los intereses económicos de sus miembros. Sus reclamos, históricamente presentados como luchas en favor de la educación, se disuelven cada vez que logran un aumento salarial. Convertir la docencia en una conveniencia económica, más que en una vocación genuina, ha degradado el honor de ser maestro y debilitado la esencia de la profesión.
Hoy, como sociedad, seguimos atrapados en lo fácil y lo visible: si hay butacas suficientes, si la comida llega a tiempo, si los uniformes se entregan o si toca aumento de salario al magisterio. Todo eso importa, sí, pero no resuelve la raíz del problema.
El gran pendiente es construir, en unidad y con visión de nación, un proyecto integral que se llame educación. Una política de Estado que deje de ser juguete de la ADP y de una oposición mezquina, para convertirse en la verdadera herramienta de transformación del futuro dominicano.
Escrito por la licenciada Ruth Peña, residente en Nagua.
