Hasta hace poco, la escena se repetía en cada rincón del país: niños con mochilas demasiado grandes para su espalda, caminando kilómetros bajo el sol o la lluvia para llegar a la escuela; grupos de estudiantes subidos en motoconchos inseguros, con tres o cuatro cuerpos aferrados a un solo asiento; madres y padres que, con salarios mínimos, debían apartar parte de lo poco para pagar pasajes diarios en guaguas repletas o camionetas, en algunos casos improvisadas.
Era el retrato cotidiano de una deuda social acumulada, puesto que la educación era formalmente gratuita, pero el trayecto para acceder a ella no lo era. Cada día, miles de familias gastaban entre RD$5,000 y RD$9,000 mensuales en transporte, un monto que competía directamente con el presupuesto para alimentos y vivienda. Para otras familias, el costo no era dinero, sino riesgo, dado que los accidentes de tránsito, principal causa de muerte en jóvenes, estaban siempre a la vuelta de la esquina.
Ese era el país real antes del 2022, con un sistema educativo que comenzaba en el aula, pero que no se preocupaba de cómo los estudiantes llegaban a ella.
Con el Decreto 616-22, el Estado asumió, por primera vez en su historia, la tarea de llevar y traer estudiantes de manera organizada y gratuita. Así nació el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), bajo la coordinación del Ministerio de Educación.
El diseño fue ambicioso, con una red de 1,770 autobuses, 602 rutas y más de 7,956 kilómetros cubiertos, con la meta de transportar a 942,950 estudiantes en las 18 regionales y 122 distritos escolares. En apenas dos años de funcionamiento, el sistema ha registrado 34.5 millones de viajes en 26 provincias y el Distrito Nacional.
La magnitud del cambio se mide no solo en cifras, sino en impacto humano. Lo que antes era incertidumbre —si habría dinero para el pasaje, si el motoconcho llegaría a tiempo, si la lluvia permitiría caminar hasta la escuela— hoy se traduce en autobuses identificados, rutas monitoreadas por GPS, seguros de vida y salud, y ahorro directo en los bolsillos de las familias.
En barrios de Santiago, donde hace apenas tres años las familias se endeudaban para pagar transporte privado, hoy circulan 150 autobuses eléctricos que benefician a casi 150 mil estudiantes. En Samaná, más de 17 mil alumnos de comunidades costeras viajan diariamente en 43 autobuses nuevos, dejando atrás las lanchas improvisadas o los motoconchos como única opción.
El contraste es abrumador, pues lo que antes dependía del ingenio y sacrificio individual, hoy está respaldado por una política pública que reduce la desigualdad.
El Estado ha invertido miles de millones en la compra y alquiler de autobuses, pero el verdadero retorno está en los hogares. Cada familia que se ahorra entre RD$5,000 y RD$9,000 mensuales en transporte escolar cuenta con más recursos para alimentación, vivienda y otras necesidades.
Además, el programa ha incorporado 50 autobuses adaptados para estudiantes con discapacidad, un paso hacia la inclusión que antes era inexistente.
El camino no ha estado exento de dificultades. Sin embargo, incluso con sus fallas, el sistema representa una diferencia estructural frente al pasado, dado que por primera vez, el transporte escolar no depende de la suerte ni del bolsillo de las familias, sino de una política pública con estructura, monitoreo y metas.
La educación dominicana arrastraba una contradicción histórica, y es que se hablaba de gratuidad, pero nunca se resolvió cómo los estudiantes llegarían a la escuela. Durante décadas, esa omisión empujó a las familias a un “sálvese quien pueda” que costó dinero, esfuerzo y, en muchos casos, vidas en las carreteras.
El programa TRAE no es una solución perfecta, pero sí un punto de quiebre. Transformó un problema individual en una respuesta colectiva; convirtió un obstáculo en una oportunidad; y abrió la posibilidad de que la asistencia, la puntualidad y la permanencia escolar mejoren de manera sostenida.
Hoy, los autobuses amarillos que recorren calles y carreteras son más que un medio de transporte, son el símbolo de que el Estado puede asumir con seriedad sus deudas sociales históricas.
El reto es garantizar que esta política pública no dependa de un ciclo de gobierno, sino que se convierta en parte permanente del sistema educativo nacional. Que las licitaciones sean transparentes, que la flota se mantenga operativa y que la infraestructura eléctrica, donde aplique, acompañe la transición.
El llamado es claro, hay que fortalecer el programa TRAE para que no sea una respuesta momentánea, sino un derecho garantizado en el tiempo, como hasta ahora lo está haciendo, y hay que aplaudirlo.
Por: Amaury Reyna Liberato, director de elnaguero.com
