La solicitud incluye declarar complejo el proceso contra nueve imputados, liderados por Soleny Amparo Rondón, alias “La Diva”.
Nagua. – El Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra nueve personas señaladas como integrantes de una red de microtráfico y lavado de activos desmantelada durante un operativo realizado el pasado fin de semana en la provincia María Trinidad Sánchez.
La solicitud, depositada ante el juez de la instrucción, incluye además que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud y la naturaleza de los hechos atribuidos a los encartados. Entre los imputados figuran Soleny Amparo Rondón (alias “La Diva”, “La Doña” o “Solenys”), Edwin Alfredo Santos Mapello (alias “Mapello” o “El Conejo”), Esmailyn Marte González (alias “Gaviota”), Jandrier Carolina Antonia Wazar De Mazerolle (alias “Antonia”), Roberto Amparo Paredes (alias “Chipón”), Rhonny Alvarado Martínez (alias “Ronny”), Ludenys Batista Javier, Kelvin Manuel López Bruno y Yan Carlos Almonte Reyes (alias “Sorry”).
De acuerdo con el expediente, la estructura desmantelada operaba desde Cabrera como base principal, con ramificaciones hacia Nagua, San Juan de la Maguana y otras zonas del país. El Ministerio Público sostiene que se trataba de una organización jerarquizada con vínculos transnacionales, dedicada al narcotráfico, a la posesión y comercio ilícito de armas de alto calibre, al lavado de activos y a prácticas de intimidación sistemática contra terceros.
La investigación fue encabezada por los fiscales Juan Antonio Mateo Ciprián, titular de la provincia, Odalis Ramona Mercado Morris y Ana Carina Pérez Hilario. En el operativo participaron 47 fiscales y 395 agentes de diferentes organismos de seguridad, quienes ejecutaron 37 allanamientos de manera simultánea.
La acción fue coordinada con la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional (Daico) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El documento de solicitud detalla que Soleny Amparo Rondón mantenía control operativo de la red y que había enfrentado anteriormente procesos por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Asimismo, varios de los demás imputados presentan antecedentes vinculados a casos de narcotráfico.
