La historia de los hombres no se mide por cómo comienzan, sino por cómo terminan. Esa sentencia, aplicada al primer presidente de la República Dominicana, Pedro Santana, recuerda que los inicios gloriosos no borran desenlaces cuestionables.
Santana, que en sus primeros pasos empuñó la espada contra Haití, terminó desterrando a Duarte, fusilando a Sánchez, asesinando a María Trinidad Sánchez y entregando la nación a España. Pasó de libertador a traidor, de símbolo de resistencia a verdugo de la independencia.
Hoy, en un escenario completamente distinto, pero con resonancias inevitables, el Colegio Dominicano de Periodistas enfrenta un dilema parecido. La Comisión Nacional Electoral (CNE), que inició su gestión con la misión de garantizar un proceso limpio y equitativo, se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública y de la comunidad periodística, acusada de extralimitarse en sus funciones al excluir la candidatura de José Beato.
El comunicado emitido por la CNE, presidida por Quiterio Cedeño, justifica la decisión alegando irregularidades en la inscripción de Beato como miembro, entre otros argumentos. Sin embargo, las críticas señalan que esa interpretación excede sus atribuciones legales, contraviniendo tanto la Ley 10-91 como el Reglamento Electoral, que reservan al Comité Ejecutivo Nacional la potestad de aprobar membresías y definir quién figura en el padrón del Colegio.
La contradicción es evidente: si Beato ha participado en procesos anteriores, si su nombre figura en el padrón oficial y si incluso votó en elecciones pasadas, resulta problemático que ahora se cuestione su derecho a aspirar. Al igual que Santana, cuya trayectoria inicial se reinterpreta a la luz de su desenlace, el accionar de la Comisión corre el riesgo de ser juzgado no por lo que prometió al inicio, sino por cómo cierre este proceso.
No se trata de comparar contextos históricos —una guerra de independencia frente a unas elecciones gremiales—, sino de subrayar una enseñanza común: las instituciones y los hombres se definen por sus finales. Santana, al renunciar a la soberanía, quedó marcado por la traición. La Comisión Electoral y su presidente, si persisten en actuar como jueces y partes en lugar de garantes, corren el riesgo de dejar como herencia la sombra de la arbitrariedad y el debilitamiento de la democracia gremial.
La historia enseña que los liderazgos se fortalecen cuando se apegan a la legalidad y se derrumban cuando se apartan de ella. Juan Bosch señalaba que Santana no se traicionó a sí mismo, sino al pueblo, porque actuó conforme a los intereses de su clase y no a los ideales de la nación. En el caso del CDP, el reto es distinto, pero la enseñanza es semejante: no se trata de preferencias ni de interpretaciones particulares, sino de garantizar el derecho de todos los miembros a elegir y ser elegidos.
El desenlace de este proceso marcará la memoria institucional del gremio. Si la Comisión se mantiene dentro de sus atribuciones legales, el CDP saldrá fortalecido; si insiste en decisiones percibidas como arbitrarias, quedará registrado como un episodio de debilitamiento democrático.
Santana nos recuerda que no basta con iniciar con gloria: lo que pesa es el final. El CDP tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que su historia no repetirá, en ninguna escala, el error de convertir en traición lo que debió ser defensa.
Lo que está en juego no es solo una candidatura, sino la credibilidad de un proceso y la confianza en la democracia gremial.
Escrito por Roberto Amaury Reyna Liberato, comunicador y productor del programa #EnLaLíneaDeFuego
