Hace apenas unos días advertimos lo que podía ocurrir en el proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Señalamos que la Comisión Nacional Electoral (CNE), presidida por Quiterio Cedeño, corría el riesgo de extralimitar sus funciones y, con ello, de socavar la legitimidad de un proceso que debería ser ejemplo de democracia. Lo que entonces era una posibilidad, hoy es un hecho consumado.
La CNE tomó la decisión de excluir de la contienda al periodista José Altagracia Guzmán Beato, aspirante a la presidencia del gremio, alegando que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 10-91 y en el Reglamento Electoral. Sin embargo, la propia normativa gremial delimita claramente las competencias: la Ley 10-91 atribuye al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la facultad exclusiva de aprobar membresías y decidir sobre quién figura en el padrón electoral, mientras que a la Comisión se le asigna únicamente la organización del proceso.
El Reglamento Electoral vigente es igual de explícito. Establecen las condiciones de los candidatos y autorizan a la CNE a verificar requisitos formales y a anular una plancha solo en caso de incumplimiento evidente. En ninguna parte del texto se contempla la potestad de reinterpretar la condición de miembro activo ni de invalidar procesos de afiliación previamente aprobados por el CEN.
La exclusión de Beato, entonces, no fue un ejercicio legítimo de atribuciones, sino una intromisión en competencias ajenas. La CNE se colocó por encima del marco legal, abriendo la puerta a lo que habíamos advertido: un precedente peligroso que amenaza con convertir a un órgano electoral en juez y parte, con capacidad de decidir discrecionalmente quién puede y quién no aspirar a la dirección de un gremio profesional.
La decisión de la CNE no ocurre en un vacío político. Se produce apenas días después de celebradas las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en las que la plancha de la misma corriente que impulsa hoy las aspiraciones de José Beato en el CDP obtuvo una victoria contundente. De un total de 2,194 votos emitidos, 2,073 resultaron válidos: la plancha 01 alcanzó 1,654 frente a 419 de la plancha 02. La diferencia de más de mil votos refleja un respaldo mayoritario a nivel nacional, que inevitablemente repercute en el escenario del CDP.
Como decía mi abuelo, “cuando la fiesta va a ser grande, en la víspera se ve”. La ofensiva contra la candidatura de Beato parece responder más a cálculos políticos que a fundamentos legales. Y en esa pugna, la Comisión Electoral olvidó que su papel no es administrar simpatías o resistencias, sino garantizar la transparencia y la equidad del proceso.
Ante la crisis desatada, el Comité Ejecutivo Nacional del CDP tuvo que intervenir de manera categórica. En una sesión de urgencia, el CEN decidió dejar sin efecto cualquier intento de exclusión de José Beato, recordando que la membresía del periodista había sido aprobada en 2019 por resolución del propio Comité Ejecutivo y que, por tanto, no correspondía a la Comisión Electoral revisar ni anular un proceso ya agotado conforme a derecho.
El CEN fue claro al establecer que la Comisión Electoral se extralimitó. Su función es organizar las elecciones, no redefinir la composición del padrón ni cuestionar derechos adquiridos. Al mismo tiempo, advirtió que la democracia interna no puede estar sujeta a maniobras administrativas ni a reinterpretaciones caprichosas de la ley.
El desenlace de esta controversia deja una lección evidente: cuando las advertencias se desoyen, los hechos terminan por confirmarlas. La Comisión Nacional Electoral del CDP intentó avanzar más allá de sus competencias, y fue necesario que el órgano ejecutivo la reencauzara en el marco legal.
El CDP, desde su creación, ha sido un espacio de lucha por la libertad de expresión, la democracia y la defensa de los derechos de los periodistas. Ese legado no puede ponerse en riesgo por decisiones que violenten la institucionalidad.
Hoy más que nunca se impone la necesidad de un proceso electoral abierto, transparente y participativo. Que sean los miembros quienes, con su voto, definan el rumbo del gremio. Que las urnas hablen, no los filtros arbitrarios, y que el CDP predique con el ejemplo, porque la democracia no se mutila, se ejerce.
Y, aunque aún nos falta por ver el fallo del tribunal, sí, porque la decisión también fue llevada a los tribunales, al final de todo este proceso, la responsabilidad estará en manos de los colegiados, a quienes le corresponderá defender la institución, honrar la historia y garantizar que el Colegio Dominicano de Periodistas siga siendo el faro de libertad para nuestros pueblos.
Escrito por Amaury Reyna Liberato.
Comunicador. Secretario General electo del SNTP en la filial Nagua – Samaná
