El gobierno de Venezuela ha desplegado una amplia estrategia mediática y de movilización política para respaldar a Nicolás Maduro, tras el anuncio de la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
La ofensiva incluye propaganda en medios, actos públicos y el involucramiento de la Fuerza Armada y empleados estatales.
Según fuentes oficiales y reportes de medios, la campaña contempla afiches, concentraciones, material publicitario, camisetas con mensajes contra la fiscal estadounidense y la instrucción directa a funcionarios y militares para participar en movilizaciones.
Maduro ha aparecido de forma recurrente ante cámaras acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El objetivo central es contrarrestar el impacto del anuncio de la Fiscalía estadounidense, que elevó la recompensa por el mandatario venezolano. La narrativa oficial refuerza la imagen de Maduro junto a altos mandos militares y policiales, como los ministros de Defensa e Interior, para proyectar apoyo institucional.
En redes sociales y medios afines al oficialismo se han distribuido cientos de mensajes, dirigidos tanto a laboratorios de propaganda digital como a dirigentes chavistas, para que estos los difundan en plataformas como WhatsApp, X, Instagram, TikTok y Facebook.
El ministro Padrino López vinculó la medida de Washington con declaraciones recientes de Cabello, quien denunció una presunta operación conspirativa, que habría incluido la incautación de material explosivo en dos almacenes de Maturín, estado Monagas.
Paralelamente, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, ha instruido la grabación y difusión de videos con guiones unificados para respaldar al presidente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez incorporó el diferendo territorial con Guyana sobre el Esequibo al discurso oficial, asegurando que se entregó un nuevo documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y reiterando que Venezuela no reconocerá el proceso judicial ni acatará un eventual fallo adverso.
En paralelo, las fuerzas de seguridad han intensificado la detención de dirigentes políticos y sociales, con el fin de disuadir protestas. Se mantienen restricciones a las visitas y entrega de suministros a detenidos como Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I, y el periodista Carlos Julio Rojas, preso en El Helicoide desde hace más de un año.
La ofensiva comunicacional y de seguridad del gobierno venezolano se desarrolla en un contexto de creciente presión internacional y de nuevas acciones judiciales desde Estados Unidos, que acentúan la tensión política interna y externa.
