Acusan al MIVED de lentitud y desaparición de documentos claves para procesar pagos pendientes desde hace años.
Santo Domingo. – Al cumplirse este 16 de agosto cinco años de la gestión del presidente Luis Abinader, el Comité Institucional Codiano (CIC) denunció que, pese a la voluntad expresada por el mandatario para resolver una deuda de RD$390 millones que el Estado mantiene con 92 contratistas, los funcionarios responsables han actuado con “ineficiencia, evasivas y, en algunos casos, obstruccionismo”.
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, directivos del CIC, informaron que desde 2020 han sostenido múltiples reuniones con autoridades designadas para gestionar el pago de deudas a contratistas que entregaron obras concluidas y actualmente en uso por el Estado, sin que se haya concretado la solución.
En su declaración, los representantes del comité señalaron específicamente al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) como la institución con mayor cantidad de expedientes sin resolver. Sostienen que, además de la lentitud, se han empleado “triquiñuelas burocráticas” para entorpecer el proceso.
Denuncian desaparición de documentos
Uno de los puntos más graves expuestos por el CIC es la supuesta desaparición de documentos públicos esenciales que el Ministerio de Hacienda requiere para autorizar los pagos. Aseguran que el MIVED no ha presentado denuncias formales ni ha informado públicamente sobre esta desaparición.
“Estamos ante un posible caso de encubrimiento institucional, no solo de negligencia. Por eso hemos solicitado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue esta situación”, señalaron Familia y Liberato.
De acuerdo con el CIC, la omisión deliberada y la retención injustificada de documentos públicos podrían configurar infracciones graves conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Reclamo de justicia y pago
Los dirigentes del comité advirtieron que, después de cinco años, persiste la frustración entre decenas de contratistas, muchos de ellos adultos mayores, que esperan el pago por obras entregadas. Indicaron que continuarán utilizando las vías legales y recurriendo a los mecanismos institucionales para lograr que se liberen los fondos adeudados, señalando que el problema afecta a profesionales de diversas provincias y genera un impacto social y económico considerable.
