El expresidente brasileño enfrenta acusaciones por asociación criminal, intento de abolir el Estado de derecho y financiar campañas de presión contra el Supremo desde Estados Unidos.
Brasilia. – El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por incumplir de forma reiterada las medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación por su presunta implicación en una trama para entorpecer el proceso judicial en su contra desde territorio estadounidense.
La decisión fue acompañada de un operativo de registro e incautación en la residencia de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario está ahora obligado a permanecer bajo arresto en su domicilio, portar una tobillera electrónica, abstenerse de recibir visitas —salvo de su equipo legal— y tiene prohibido el uso de teléfonos móviles, incluso ajenos.
Uso indebido de redes sociales y presión internacional
Uno de los elementos clave para la decisión del Supremo fue el uso por parte de Bolsonaro de las cuentas de redes sociales de terceros, específicamente la de su hijo Flávio, con el propósito de incidir en manifestaciones de apoyo dirigidas a presionar al Poder Judicial. Esta acción violó expresamente las condiciones de las medidas cautelares previamente impuestas.
Según las autoridades, la estrategia del exmandatario incluyó operaciones coordinadas en Estados Unidos para promover sanciones contra jueces del Supremo Tribunal Federal, utilizando más de dos millones de reales (aproximadamente 300,000 euros) en campañas de presión lideradas por su hijo Eduardo Bolsonaro, con el respaldo tácito del expresidente estadounidense Donald Trump.
Washington, por su parte, habría respondido con la revocación de visados a algunos magistrados brasileños, lo que fue considerado por el Supremo como una maniobra externa de coacción institucional.
Acusaciones y riesgo penal
El arresto domiciliario se produce en un momento clave del proceso, luego de que la Fiscalía General de Brasil solicitara en sus conclusiones que Bolsonaro sea declarado culpable por asociación criminal, intento de golpe de Estado, atentado al orden democrático y destrucción del patrimonio público, derivado de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes intentaron tomar por la fuerza las sedes de los tres poderes del Estado.
De acuerdo con el expediente judicial, Bolsonaro integra el núcleo central de la supuesta trama golpista junto a otros siete colaboradores cercanos, enfrentando penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión y una eventual inhabilitación política indefinida.
