La normativa restablece el régimen de consecuencias y fortalece la lucha contra la corrupción en el uso de fondos públicos.
Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este lunes la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, en un acto celebrado en la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), con la presencia de funcionarios, representantes de organismos de control y miembros de la sociedad civil.
La nueva normativa sustituye el marco legal anterior y busca reforzar los pilares de transparencia, eficiencia y control en los procesos de adquisición de bienes y servicios del Estado.
El acto fue encabezado por el mandatario junto al director general de Contrataciones Públicas, doctor Carlos Pimentel, quien ofreció detalles del alcance y contenido de la ley.
Régimen de consecuencias y nuevas modalidades
Uno de los aspectos más destacados de la legislación es la incorporación de un régimen de consecuencias, inexistente en la norma anterior, lo que permitirá aplicar sanciones administrativas, éticas y penales a los funcionarios y entidades que incurran en irregularidades.
“La ley 47-25 le devuelve el sistema de consecuencias al régimen de contrataciones públicas. La ley vigente estaba ausente de un marco efectivo en ese sentido”, afirmó Carlos Pimentel durante su intervención.
Asimismo, explicó que la normativa introduce nuevas modalidades de contratación, como los convenios marcos y las licitaciones abreviadas, mecanismos que permitirán mayor dinamismo, especialización y ahorro en los procesos estatales.
Coordinación contra la corrupción
Otro de los componentes clave de la nueva ley es el fortalecimiento del programa de cumplimiento regulatorio y de todas las herramientas de monitoreo, evaluación y control a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, se establecen disposiciones para mejorar la coordinación entre los órganos de prevención y persecución de la corrupción, reforzando así la arquitectura institucional para enfrentar prácticas indebidas en el manejo de los recursos públicos.
Un marco legal actualizado y alineado con el desarrollo
Carlos Pimentel calificó la nueva ley como un paso trascendental hacia una administración pública moderna, señalando que está alineada con los principios de desarrollo sostenible, garantía de derechos y bienestar colectivo.
“La promulgación de esta ley representa una oportunidad para profundizar en la reforma institucional del Estado y consolidar una cultura de integridad en la contratación pública”, manifestó el titular de la DGCP.
