Hay quienes asumen que los hechos anteceden a las ideas. Sin embargo, la política, en su naturaleza más profunda, trasciende todas las emociones humanas. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que en 2020 se presentó como el salvador de la nación frente a un PLD desgastado y asediado por escándalos de corrupción, logró capitalizar la esperanza de un pueblo que clamaba por cambio.
Pero la realidad posterior ha evidenciado que, para algunos, el discurso anticorrupción no fue más que una herramienta para alcanzar el poder; para otros, un simple eslogan olvidado con los primeros casos de corrupción protagonizados por quienes se erigieron como adalides de la transparencia.
Sin embargo, no deseo detenerme en ese punto neurálgico. Lo que quiero poner sobre la mesa es la relación partido-gobierno, una representatividad que, lejos de consolidarse en los hechos, se ha convertido en una de las mayores estafas políticas que la dominicanidad aún no logra percibir en su vida cotidiana.
El poder, el dinero y la mentira se han convertido en símbolos de un sistema que exige con urgencia ser reinventado. No bastan los miles de millones invertidos en publicidad, desplegados en medios que ni siquiera logran defender con convicción la obra de un gobierno que cada día se muestra más en contradicción con su pueblo.
En un sistema de partidos colapsado, sostenido por una Ley de Partidos Políticos cuya aplicación ha terminado consolidando la permanencia de los mismos actores en el poder, la democracia ha quedado reducida a un simple relevo de nombres y colores.
Ya no hablamos de partidos como instituciones; hablamos de individuos que se reciclan en el poder, de símbolos vacíos y valores extraviados: el “jacho encendido”, el “gallo colorado” y la consigna de “servir al partido para servir al pueblo” han sido absorbidos por una generación política que, aunque adopta nuevas identidades partidarias, continúa con los mismos rostros y prácticas.
No resulta falso lo que Mario Vargas Llosa expone en La civilización del espectáculo: vivimos en una sociedad donde el entretenimiento ocupa todos los espacios. Escapar de esta vorágine es cada vez más difícil, y mientras tanto, el llamado “estado de bienestar” se desmorona.
Dieciséis años consecutivos de gobiernos peledeístas crearon una ilusión de orden que hoy muchos anhelan sin darse cuenta de que la desorganización actual es fruto de un sistema institucional que nunca se reformó.
Hoy vemos a sectores de la sociedad responsabilizando a Faride, a la Policía Nacional, a la Digesett, al Ministerio de Medio Ambiente, al COBA y a los ayuntamientos de ser los “villanos” del momento. Y, aunque es cierto que estas instituciones cargan con culpas, no se trata únicamente de los actos individuales de sus funcionarios.
El problema es más profundo: son organismos atrapados en un conflicto permanente con la ciudadanía, incapaces de ofrecer servicios básicos por la falta de inversión pública y dirigidos, en muchos casos, por personas que carecen de la visión y la capacidad para gerenciar el bien común.
En mi nueva incursión en la comunicación política y el análisis, mi orientador comunicacional, Amaury Reyna, me ha acusado en más de una ocasión —en el programa En La Línea de Fuego— de ser un vocero del PRM, de expresar, quizás con sentimientos ocultos, la defensa de una partidocracia fragmentada por un dilema de liderazgo político. Y, sin embargo, no hay democracia sin partidos. Lo que sí es evidente es que, ante los males institucionales que nos afectan, los medios de comunicación solo logran exponer la verdad que paga la publicidad, una publicidad que corrompe y aplasta el pensamiento crítico.
El desafortunado talento fanático de muchos, la derrota del pensamiento y la indiferencia ciudadana nos han dejado desnudos frente a un sistema que se repite sin cesar. Nos encontramos participando —a regañadientes— en actividades y reuniones que ya no nos importan, escuchando las mismas palabras de siempre, viendo los mismos rostros de siempre y oyendo la misma frase gastada: “¡Estamos cambiando!”
Por Rowandy Ureña | Abogado y politólogo
