La sociedad mira hacia la Comisión Electoral
En un contexto marcado por tensiones internas, rumores de exclusiones y una peligrosa indiferencia hacia lo que establece la ley, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) se adentra en un proceso electoral que podría definir su rumbo institucional por los próximos años.
La situación, lejos de ser un simple episodio electoral más, recuerda de manera inquietante lo ocurrido recientemente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), donde un proceso viciado dejó heridas abiertas y una institucionalidad debilitada.
En diciembre de 2023, el Colegio de Abogados vivió un proceso electoral plagado de irregularidades. Dos candidatos, Yohan López y Trajano Vidal Potentini, se declararon ganadores de manera simultánea, pese a que apenas se había computado el 56 % de las mesas.
La Comisión Electoral, lejos de apaciguar los ánimos, terminó siendo parte del conflicto, al validar pactos sin claridad ni legitimidad, en medio de presiones políticas y protestas internas.
El resultado fue desastroso, comprometiendo, inclusive, la sede del CARD que fue rodeada por agentes policiales, las denuncias de fraude se multiplicaron y la credibilidad del gremio jurídico sufrió un golpe severo. El proceso llegó a los tribunales y, tiempo después, el conflicto sigue sin solución definitiva. La institucionalidad, en lugar de fortalecerse, fue arrastrada por intereses personales y de grupos.
En el Colegio Dominicano de Periodistas, los síntomas son preocupantes. La tradicional Corriente Marcelino Vega, históricamente la más influyente en los procesos internos del CDP, atraviesa una división profunda.
Dos facciones enfrentadas, visiones encontradas y un ambiente enrarecido podrían generar una tormenta perfecta. Y lo que es peor, ya se habla de la posibilidad de desconocer lo que establece la Ley 10-91 que da origen al CDP, además de su reglamento interno, todo para favorecer candidaturas específicas.
En este punto, las miradas se dirigen hacia Quiterio Cedeño, figura respetada del gremio y uno de los referentes históricos del periodismo dominicano. En sus manos descansa, en gran medida, el presente y el futuro del Colegio Dominicano de Periodistas.
Y es que de él se espera prudencia, firmeza y, sobre todo, respeto irrestricto al marco legal que rige al Colegio. Sin embargo, crece la inquietud ante versiones que lo vinculan con sectores que estarían promoviendo la exclusión de ciertos aspirantes, particularmente de José Beato.
¿Por qué tanta insistencia en descalificar a Beato en lugar de competir con transparencia y en igualdad de condiciones? ¿A qué le temen quienes promueven su exclusión? En democracia, los procesos se ganan en las urnas, no en los despachos ni con maniobras legales amañadas. Si Beato cumple con los requisitos que establece la ley, impedir su inscripción sería un atropello institucional y un retroceso para el CDP.
Más allá de nombres, lo que está en juego es la salud democrática del Colegio. Porque gane quien gane —si lo hace dentro de las reglas del juego— ganará el CDP. Pero si el proceso se contamina por exclusiones, manipulaciones o interpretaciones torcidas de la ley y de reglamentos, los verdaderos perdedores seremos todos.
Otra de las sombras que ensombrecen este proceso es la existencia de unas 1,494 personas inscritas en el CDP sin tener el título de periodista. Algunos de ellos incluso han ocupado funciones de secretarios generales en el país y en el exterior.
La realidad es que, históricamente, el CDP ha tenido cinco presidentes y un candidato que no contaban con el título profesional, pero sí con una trayectoria reconocida y un ejercicio ético del periodismo, ejercicio, que según lo que establece la ley, le permitió ser miembros del gremio. Entonces, ¿cuál es el verdadero criterio? ¿Por qué ahora se quiere trazar una línea excluyente?
La coherencia institucional exige reglas claras y uniformes. No se puede permitir que la ley se interprete de forma caprichosa para favorecer a unos y excluir a otros. Si eso ocurre, no estaremos ante un proceso electoral, sino ante una imposición disfrazada de legalidad.
El papel de la Comisión Electoral será crucial. Su deber no es complacer a grupos ni a candidatos, sino garantizar un proceso limpio, transparente y apegado a la ley. Si la Comisión cede a presiones externas o internas y permite exclusiones injustificadas, cargará con la responsabilidad histórica de haber hundido al CDP en una crisis semejante a la del Colegio de Abogados.
Y cuidado, porque desconocer lo que establece la Ley 10-91 podría conllevar responsabilidades legales, al vulnerar el derecho fundamental de participación y elegibilidad de los miembros del Colegio. Nadie puede ser privado de su derecho a aspirar, salvo por causas legalmente establecidas y probadas.
En esta coyuntura, Quiterio Cedeño tiene dos opciones, o contribuye a enderezar el rumbo del CDP, siendo garante del respeto a la institucionalidad y a la legalidad; o se convierte en cómplice de un proceso viciado, arrastrando su nombre y su legado a una crisis que podría dejar marcas indelebles.
El gremio periodístico necesita madurez, no revanchismo. Unidad, no imposiciones. Diálogo, no exclusiones.
La historia será implacable con quienes, por intereses personales o lealtades de grupo, decidan pisotear el espíritu democrático y plural que debe guiar a todo gremio.
Que Dios nos coja confesados…
…si al final se impone la sinrazón. El verdadero temor no es que Beato no sea admitido. El verdadero temor es que se desobedezca la ley, que se manipule el proceso y que el CDP termine en manos de un presidente nefasto, producto de maniobras oscuras y divisiones intestinas.
La institucionalidad no se negocia, la democracia interna no se pisotea y el respeto a la ley no se interpreta a conveniencia.
Aún estamos a tiempo.
Por Amaury Reyna Liberato
