Asociaciones del turismo critican falta de diálogo técnico y alertan sobre riesgos para la competitividad y el medio ambiente.
Santo Domingo. – Los principales gremios del sector turístico y hotelero de la República Dominicana solicitaron al presidente Luis Abinader observar el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado recientemente por el Congreso Nacional.
A través de una declaración conjunta, las organizaciones expresaron su preocupación por lo que consideran una reforma aprobada sin la debida profundidad técnica ni análisis de impacto. Reclaman la apertura de un diálogo plural, abierto y participativo, del cual surja una legislación equilibrada que favorezca el desarrollo sostenible, evite prácticas monopólicas y garantice una gestión adecuada de los residuos sólidos en el país.
La posición fue suscrita por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (ADETI), la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), la Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (ADECOR), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) y la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE).
También respaldan la declaración la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (ASHORESA), la Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB), la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), la Asociación de Hoteles de Juan Dolio, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones (ADOPETUR), la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE) y la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (PROMICHES).
Preocupación por disposiciones monopólicas y debilitamiento municipal
Según advierten los gremios, muchas de las disposiciones del proyecto modificado abren la puerta a prácticas monopólicas que afectarían la eficiencia en el manejo de residuos y comprometerían los compromisos ambientales asumidos por la República Dominicana.
Denunciaron además que estas medidas limitan la posibilidad de que las empresas, en especial del sector turístico, gestionen de forma directa o asociada la valorización de sus residuos, obstaculizando su cumplimiento con estándares internacionales de sostenibilidad.
Advirtieron que esta reforma fragmenta los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, y atenta contra la autonomía de los gobiernos locales en materia de gestión de residuos, elemento clave para una gobernanza ambiental eficaz.
Críticas por inacción legislativa ante el sargazo
En el mismo documento, los gremios expresaron su inconformidad con lo que califican como inacción del Congreso Nacional frente al impacto del sargazo en las costas dominicanas.
A pesar de las inversiones millonarias que realizan los hoteles y otros establecimientos turísticos para mitigar los efectos de esta microalga, denuncian que la legislación vigente no reconoce el sargazo como residuo ni contempla su valorización dentro del marco normativo.
La falta de medidas concretas para enfrentar este fenómeno natural, que afecta de manera directa al turismo en regiones costeras, ha sido motivo de reiteradas solicitudes del sector sin respuesta efectiva por parte del Congreso.
