El movimiento cívico reveló que al menos 105 legisladores, entre actuales y salientes, incumplen con la Ley 311-14 sobre declaración jurada.
Santo Domingo. – El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) solicitó este martes al Ministerio Público abrir una investigación contra congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio, como lo exige la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes.
La petición surge tras obtener datos suministrados por la Cámara de Cuentas que evidencian un incumplimiento masivo en la obligación de transparencia de los legisladores.
De acuerdo con el informe, 20 diputados electos en 2024 y 78 que concluyeron su período ese mismo año no han depositado sus declaraciones juradas. Entre los actuales legisladores en falta figuran Sergio Moya, Melvin Lara, Kinsberly Taveras, Juana Castillo, José Rodríguez, Jheyson García, Eugenio Cedeño, Eudy de la Cruz, Esmeralda Mancebo, Carmen Morel, Carlos Gil, Ángel Sánchez y Adelso Rubén Contreras.
La lista también incluye a representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) como Socorro Monegro, Ramón Gori, Rafael Chalas, Namibia Didiez, Ismael Reyes y Enmanuel Polanco, quienes tampoco han cumplido con la disposición legal.
Asimismo, siete ex senadores permanecen pendientes de presentar su declaración de salida: Bautista Rojas, David Sosa, Iván Silva, José del Castillo, Lenin Valdez, Martín Nolasco y Ramón Pimentel.
Participación Ciudadana consideró “inaceptable” que legisladores activos y salientes ignoren una normativa que constituye un pilar en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas.
En un comunicado, la organización enfatizó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de actuar para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que los servidores públicos evadan sus obligaciones.
“La declaración jurada no es un mero trámite administrativo, es una herramienta para prevenir el enriquecimiento ilícito y fortalecer la transparencia en la gestión pública”, subrayó la entidad.
La Ley 311-14 establece sanciones que incluyen multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes no presenten sus declaraciones en los plazos establecidos.
Pese a esto, la Cámara de Cuentas ha enfrentado dificultades para exigir el cumplimiento debido a limitaciones en su capacidad operativa y conflictos internos en su órgano directivo.
El llamado de Participación Ciudadana coincide con un momento de alta sensibilidad social sobre la corrupción y la transparencia, marcado por recientes investigaciones a exfuncionarios y por el debate sobre la independencia del Ministerio Público.
