La nueva normativa crea el Ministerio de Hacienda y Economía, reorganizando el aparato estatal para una gestión más eficiente.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader promulgó este martes la Ley 45-25, que establece la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) en una sola entidad denominada Ministerio de Hacienda y Economía.
La iniciativa, aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados el 15 de julio y sancionada previamente por el Senado el 22 de mayo de 2025, busca fortalecer la coordinación entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública.
Con la entrada en vigor de esta legislación, queda derogada la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que dio origen a la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, transformada años después en ministerio.
Según el texto legal, la reforma tiene como propósito dotar al Estado dominicano de una estructura administrativa más racional, eficaz y orientada a resultados, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública.
Entre las principales transformaciones se contempla la supresión del Mepyd, cuyas funciones en materia económica, planificación e inversión pública serán asumidas por el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía. Áreas como cooperación internacional y ordenamiento territorial serán transferidas al Ministerio de la Presidencia.
La normativa establece además una reorganización de los viceministerios bajo una estructura que abarcará departamentos como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
El nuevo ministerio será la entidad rectora en la formulación de políticas macroeconómicas y fiscales, así como en la dirección del sistema nacional de planificación e inversión pública.
La Ley 45-25 también dispone medidas para garantizar una transición ordenada, incluyendo la continuidad de los servicios públicos, la preservación de los derechos adquiridos del personal afectado y la definición de plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa de la nueva estructura.
El Gobierno ha destacado que esta reforma responde al compromiso de optimizar los recursos públicos y garantizar una gestión más eficiente, sostenible y alineada con las mejores prácticas internacionales en administración pública.
