El caso, declarado complejo, involucra a empresarios y socios que operaban desde Monseñor Nouel.
Santo Domingo. – Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho personas acusadas de integrar una red de fraude bancario y robo de identidad que operaba desde la provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público informó que la investigación, desarrollada junto a la Dirección de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional, permitió destapar una estructura criminal que accedía de manera ilícita a perfiles bancarios de clientes, realizando transferencias a cuentas controladas por los imputados para luego retirar los fondos en cajeros automáticos y ventanillas.
Garantías millonarias y plazo para investigación
Entre los encartados figura Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., a quien se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos mediante contrato. A su pareja, María Carolina Durán Tavárez, se le fijó una fianza de dos millones de pesos.
La lista de medidas económicas incluye un millón de pesos para George Charlie Abreu Tejada; 500 mil pesos para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias; 200 mil pesos para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y 150 mil pesos para Wilton Rafael Gutiérrez, alias “Chango”.
El caso fue declarado complejo, otorgando un plazo de 12 meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la acusación formal. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, alegando riesgo de fuga por falta de arraigo de los imputados.
Operativo con 34 allanamientos simultáneos
Como parte del operativo, las autoridades realizaron 34 allanamientos en distintas localidades donde incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias, sustancias controladas, vehículos y varios inmuebles presuntamente adquiridos con fondos obtenidos de manera ilícita.
La pesquisa se originó a raíz de múltiples reclamaciones de clientes de una entidad financiera, quienes reportaron movimientos irregulares en sus cuentas.
Según el Ministerio Público, los imputados violaron los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La investigación sigue abierta para identificar otros posibles implicados en la red, que ha sido calificada por las autoridades como “estructurada y peligrosa” por la magnitud de las operaciones detectadas.
