La Resolución 064-2025 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha reabierto un debate que, por desgracia, conocemos demasiado bien. La medida, que otorga un plazo de 30 días a las prestadoras móviles para depurar las líneas prepago sin identidad verificada, intenta cerrar un ciclo que ya se ha repetido dos veces en las últimas dos décadas.
Exigir documento oficial y fotografía para activar una SIM, suspender y luego cancelar las líneas que no cumplan, es una regla tan sensata como urgente.
Sin embargo, la sensatez de la norma no garantiza su éxito, sobre todo en un país donde la historia reciente ha demostrado que las buenas intenciones regulatorias suelen naufragar en la ejecución.
Ya en 2002 y nuevamente en 2014, Indotel prohibió la venta de chips en las calles y ordenó a las compañías telefónicas depurar su cartera de usuarios anónimos. En ambas ocasiones se prometió que la informalidad quedaría erradicada.
El resultado, sin embargo, es un presente donde el 85 por ciento de las 400 mil líneas prepago que se activan mensualmente sigue comercializándose al margen de la ley, en esquinas y puntos de ventas, sin ningún mecanismo efectivo de trazabilidad; la informalidad en el mercado de chips no solo persiste, ha prosperado.
Mientras tanto, las cifras de criminalidad asociadas al uso de teléfonos sin registro son alarmantes. En los últimos 18 meses, la Procuraduría ha contabilizado 54 mil 378 celulares robados o extraviados, un promedio de casi 100 dispositivos al día. A esto se suma la entrada mensual de cerca de 4 mil teléfonos robados desde el extranjero.
En manos equivocadas, cada chip prepago vendido sin controles es una herramienta perfecta para la extorsión, el fraude y la impunidad, y es aquí donde se asienta el dilema central, puesto que, la comodidad de adquirir un chip con 100 pesos y sin requisitos se convierte en la pesadilla de las autoridades cuando esas líneas son utilizadas para delinquir.
La resolución más reciente de Indotel no carece de méritos, ella en sí misma reconoce un problema de vieja data y plantea una solución que, sobre el papel, podría marcar un antes y un después, pero el verdadero desafío es la aplicación.
De nada servirá un plazo de 30 días si la fiscalización es tan laxa como lo fue en el pasado. En todo caso, la pregunta crucial es si el regulador tiene ahora la voluntad y la capacidad de vigilar los puntos de venta informales y de sancionar, sin titubeos, a los infractores.
En última instancia, lo que está en juego trasciende la venta de chips en las calles, es una prueba de la solidez de nuestras instituciones y de su compromiso con el orden legal.
Si el Estado no puede garantizar que algo tan elemental como la activación de una línea telefónica se realice conforme a las normas, ¿cómo podemos confiar en su capacidad para gestionar problemas más complejos de seguridad y gobernanza?
Indotel tiene ante sí la oportunidad de romper un ciclo de regulaciones incumplidas, y, esta vez, la ciudadanía no debería conformarse con comunicados y ruedas de prensa, exige resultados concretos; calles libres de vendedores informales de chips, registros actualizados y sanciones ejemplares.
Llegado ese momento, entonces podremos decir que un pequeño chip dejó de ser un gran agujero en nuestra seguridad, ¿funcionará esta vez?
Por Amaury Reyna Liberato, director de ElNaguero.com
