Académicos y ambientalistas advierten sobre la amenaza que representa la ocupación irregular del litoral para la sostenibilidad ambiental y la seguridad costera del país.
Santo Domingo. – La construcción de infraestructuras turísticas dentro de la franja de 60 metros desde la línea de pleamar, considerada de uso público según la Ley 305-68, constituye una violación sistemática que amenaza los ecosistemas marinos, la seguridad costera y la sostenibilidad del turismo en República Dominicana.
Así lo denunció la Academia de Ciencias de la República Dominicana, junto a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al señalar que estas prácticas vulneran de forma directa el marco legal vigente.
El ambientalista Luis “Cucho” Carvajal, miembro de ambas entidades, explicó que permitir edificaciones dentro de esta zona restringida expone al país a mayores riesgos ante fenómenos climáticos extremos y acelera el proceso de erosión costera.
“Esa violación nos pone indefensos ante cualquier fenómeno climático, atmosférico, sin mencionar el declive costero que cada año se acrecienta”, afirmó Carvajal en declaraciones recogidas por el medio Panorama. Agregó que los desechos provenientes de estas construcciones van directamente al mar, afectando la flora y fauna marina.
Fragmentación institucional y uso discrecional del poder
De acuerdo con el reportaje firmado por Claudia Fernández, publicado en el medio digital Panorama, existe una lucha soterrada entre distintas instituciones del Estado que, en lugar de actuar con una visión coordinada y conservacionista, otorgan permisos y autorizaciones sin respetar los límites legales.
“Ordenanzas, decretos, resoluciones emitidas desde instancias que deben velar por la preservación de ecosistemas vitales tienen un impacto impredecible en el medioambiente”, señala el informe.
El texto menciona específicamente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el Ministerio de la Vivienda, como entidades que han intervenido en estas decisiones. En varios casos, la autoridad para permitir ciertas edificaciones se ha basado en resoluciones unilaterales, sin contar con los estudios técnicos y ambientales que exige la ley.
Carvajal advirtió que solo el Poder Ejecutivo, mediante decreto, puede autorizar edificaciones en la franja costera, y únicamente bajo tres condiciones que según detalló son por razones de seguridad nacional, para proyectos turísticos avalados por estudios técnicos rigurosos, o ante circunstancias de emergencia que exijan intervenciones temporales.
“La franja de 60 metros es de uso público y nadie puede usufructuarla a su antojo por un permiso otorgado por uno de los ministerios actuantes en esta situación”, subrayó.
Ecosistemas costeros en riesgo
A lo largo de la costa dominicana, la ocupación irregular de terrenos costeros se ha traducido en la pérdida de espacios naturales que cumplen funciones de protección y regulación.
“Lo primero es la ocupación de esos espacios de manera irregular, lo que implica caminería, vías de acceso y a veces hasta carreteras internas”, denunció Carvajal.
Entre los ecosistemas más afectados se encuentran manglares, dunas costeras, albuferas y zonas de amortiguamiento natural, cuya integridad es vital ante el aumento del nivel del mar, la fuerza de los huracanes y la erosión progresiva.
Panorama señala que este problema no es reciente ni exclusivo de un solo gobierno. Según el reportaje, el proceso de legalización de construcciones ilegales comenzó a institucionalizarse con el Reglamento 2115 de Clasificación y Normas para Establecimientos Hoteleros, emitido por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco en 1984 y aún vigente.
Ese reglamento, cuestionado por múltiples organizaciones ambientalistas, ha sido identificado como un instrumento que permite violaciones legales al colocar decisiones administrativas por encima de la Ley 305-68.
Un informe diagnóstico sobre el marco legal turístico y ambiental, elaborado en 2017 con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recomendó la revisión urgente del reglamento 2115, advirtiendo que sus disposiciones permiten prácticas que socavan la protección de los ecosistemas costeros.
