Tribunal de Hato Mayor dicta sentencia contra dos policías suspendidos y tres civiles por secuestro, extorsión y porte ilegal de armas.
Hato Mayor. – El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor condenó a 20 años de prisión a cinco hombres, incluidos dos miembros suspendidos de la Policía Nacional, hallados culpables de integrar una red criminal dedicada al secuestro, la extorsión, la usurpación de funciones y el porte ilegal de armas de fuego.
Así lo informó este lunes el Ministerio Público, tras concluir el proceso judicial que se desarrolló durante varias audiencias.
Los condenados son el primer teniente Elvis Esnaider Romero y el cabo Harold Aracena, ambos suspendidos de sus funciones policiales, junto a los civiles Darwin Rafael Ortiz Tueni, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias.
Todos deberán cumplir la pena impuesta en la cárcel pública General Pedro Santana, ubicada en la provincia de El Seibo.
Allanamiento simulado y secuestro frustrado
De acuerdo con el expediente presentado por los fiscales Claudio Cordero, de la Unidad Antisecuestro, y Daniel Alberto Robles, de la Fiscalía de Hato Mayor, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando los cinco condenados se presentaron en la comunidad de Cañitas, municipio de Sabana de la Mar, simulando un allanamiento en una residencia.
Vestían indumentarias similares a las utilizadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el fin de secuestrar a un ciudadano dominicano-estadounidense.
Tras sustraer a la víctima de su hogar bajo la apariencia de un arresto legal, el grupo se dirigía hacia Santo Domingo Este. Sin embargo, la operación fue frustrada al ser interceptados en el kilómetro 7 de la carretera entre El Valle y Hato Mayor, donde fueron detenidos en flagrante delito por las autoridades.
Evidencias incautadas y condena ejemplar
En el proceso, el tribunal ordenó el decomiso de un fusil, tres pistolas, vestimentas falsas de la DNCD y otros pertrechos militares que fueron ocupados durante los allanamientos realizados tras la detención.
Estas evidencias fueron claves en la imputación, sumadas a pruebas documentales, testimoniales, periciales y audiovisuales que sustentaron la acusación del Ministerio Público.
Además de la condena de 20 años de prisión, el tribunal impuso a los sentenciados el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, al demostrarse el uso de armas de fuego ilegales en la comisión del delito.
