Un estudio señala que el 42 % de los dominicanos cree que la democracia puede funcionar sin partidos, mientras que el país figura como el segundo con más compra de votos en la región, según datos del V-Dem 2024.
Santo Domingo. – El debilitamiento de la credibilidad y legitimidad de los partidos políticos en la República Dominicana fue puesto en evidencia por Participación Ciudadana (PC) en su más reciente informe titulado “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral”.
El estudio, sustentado en análisis técnicos y datos de encuestas nacionales e internacionales, reveló que un 42 % de los dominicanos considera que la democracia puede funcionar sin la existencia de partidos políticos.
Esta percepción, según el informe, refleja una erosión sostenida en la confianza ciudadana hacia estas organizaciones, que históricamente han sido los vehículos principales de representación política.
Según indicó Gustavo Oliva, investigador a cargo del diagnóstico, el nivel de legitimidad de los partidos es “muy bajito” y continúa en descenso, pese a que suele experimentar ligeros aumentos durante los años de cambio de gobierno.
Oliva, sociólogo y politólogo, advirtió además que el país se encuentra entre los que presentan uno de los sistemas de partidos menos institucionalizados de América Latina.
En la misma línea, el informe citó los resultados de Latinobarómetro 2023, que muestran que el 74 % de los dominicanos opina que los partidos políticos “funcionan mal o muy mal”, una cifra que confirma el desapego progresivo de la ciudadanía con el sistema partidario tradicional.
República Dominicana: segundo país de la región con mayor compra de votos
Otro de los hallazgos alarmantes del estudio es el lugar que ocupa la República Dominicana en el índice global V-Dem 2024, que la posiciona como el segundo país de la región con mayor prevalencia de compra de votos.
Este fenómeno, calificado como una práctica estructural del clientelismo electoral, involucra a más de un millón de votantes en cada proceso electoral, según estimaciones compartidas por Oliva.
El informe señala que estas prácticas no solo son recurrentes, sino que están ampliamente documentadas por la prensa nacional, organismos electorales y tribunales competentes, lo que confirma su normalización dentro de la cultura política dominicana.
Ante este panorama, Participación Ciudadana propuso que en la reforma integral de las leyes electorales se incluya una cláusula específica que prohíba de forma explícita el uso de fondos estatales para la compra de votos.
Además, recomendó que se tipifiquen con claridad los comportamientos que constituyen delitos electorales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción.
El estudio de PC fue concebido como insumo técnico para el debate legislativo y social sobre las modificaciones pendientes a las leyes 33-18 y 20-23, y busca contribuir a la construcción de un sistema electoral más justo, transparente e institucionalmente sólido.
