El empresario y su hermana Maribel seguirán el proceso en libertad bajo medidas cautelares, mientras el Ministerio Público insiste en que hubo negligencia criminal.
Santo Domingo. – El empresario Antonio Espaillat, propietario del centro de entretenimiento Jet Set, pagó este viernes la fianza de 50 millones de pesos impuesta como medida de coerción por la jueza Fátima Veloz, quien conoce el caso por el colapso del techo de la discoteca ocurrido en abril pasado, tragedia en la que murieron 236 personas y otras 180 resultaron heridas.
La información fue confirmada por el abogado del empresario, Miguel Valerio, quien aseguró que “todos los requisitos ya han sido depositados”, por lo que se encuentran a la espera de que la Secretaría de la Fiscalía ejecute la orden judicial. “Ahora estamos en trámites burocráticos para lograr su salida en las próximas horas”, declaró Valerio.
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo, pero desestimó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
En su lugar, ordenó una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica para Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que los imputados cuentan con arraigo suficiente en el país.
El fallo judicial se produjo luego de una maratónica audiencia que se extendió por más de doce horas y culminó la madrugada del jueves.
Ministerio Público apelará decisión
El Ministerio Público anunció que recurrirá la decisión al considerar que no se valoró de manera adecuada el impacto social y humano de la tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril mientras se presentaba el merenguero Rubby Pérez, quien figura entre los fallecidos.
La institución entiende que los imputados debieron recibir prisión preventiva por la gravedad del caso y el peligro de fuga, dada la magnitud del daño.
En el expediente presentado por la Fiscalía, se acusa a los hermanos Espaillat de permitir modificaciones estructurales sin los permisos requeridos del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía del Distrito Nacional, así como de incurrir en prácticas de alto riesgo al sobrecargar el techo del establecimiento con estructuras pesadas, entre ellas seis unidades de aire acondicionado de hasta 20 toneladas, casetas técnicas, ductos y tinacos de agua.
“El establecimiento Jet Set operó durante años con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”, sostiene el documento oficial del Ministerio Público.
Acciones legales en marcha
A raíz del siniestro, los familiares de las víctimas y decenas de sobrevivientes han presentado múltiples querellas por homicidio involuntario, lesiones graves, daños y perjuicios.
La defensa de las víctimas ha solicitado que se incluyan en el proceso a otras personas vinculadas a la administración y a los ingenieros que intervinieron en las remodelaciones sin supervisión técnica.
Hasta el momento, la sociedad dominicana observa con atención el curso de este caso, que ha generado conmoción nacional no solo por la cantidad de víctimas, sino por el simbolismo del lugar: una de las discotecas más emblemáticas de la capital.
