Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario tras el colapso del techo que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este sábado prisión preventiva contra el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, cuando el colapso del techo del local provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
En el mismo expediente, se requirió arresto domiciliario para su hermana Maribel Espaillat, también ejecutiva del establecimiento.
La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este domingo en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según la solicitud presentada por la Fiscalía, los imputados habrían incurrido en una conducta sistemática de negligencia en el mantenimiento estructural del local.
Las investigaciones, apoyadas en informes periciales de tres expertos independientes, apuntan a que durante años el Jet Set operó sin los permisos requeridos del Ministerio de Obras Públicas ni de la Alcaldía del Distrito Nacional, a pesar de haber ejecutado importantes remodelaciones y ampliaciones.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat sobrecargaron el techo de la discoteca con múltiples estructuras de gran peso, como casetas técnicas, ductos y seis unidades de climatización industrial de entre 15 y 20 toneladas cada una, además de tinacos de agua, sin realizar los estudios de viabilidad estructural correspondientes.
La acusación señala que, pese a tener pleno conocimiento de los problemas del techo, los responsables del local optaron por implementar “soluciones paliativas inadecuadas” con el fin de evitar gastos mayores.
De acuerdo con la Fiscalía, horas antes del colapso hubo una caída de escombros y, ante el llamado a suspender la actividad, Maribel Espaillat se negó alegando la ausencia de su hermano, quien se encontraba fuera del país.
Los peritajes técnicos revelaron la ausencia de una columna esencial, anclajes deficientes en las vigas y falta de muros de soporte, elementos que comprometen directamente la integridad estructural del inmueble y que, según la Fiscalía, validan la imputación por homicidio involuntario conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El documento judicial también refiere intentos de los imputados por intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., operadora de la discoteca.
Uno de los testigos clave, Gregory Adames, habría advertido a Antonio Espaillat sobre el avanzado deterioro del techo antes del evento del 8 de abril, en el cual se presentaba el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el siniestro.
Espaillat, en declaraciones ofrecidas semanas después del suceso, reconoció públicamente que los plafones del techo “siempre se caían” y admitió que incluso el mismo día de la tragedia se realizaron reparaciones cosméticas sin evaluar la situación real del techo, a pesar de las filtraciones visibles.
Hasta la fecha, se han presentado cerca de 80 acciones legales por parte de familiares de las víctimas, entre las cuales figuran el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, y un hijo del exsenador y exministro de Obras Públicas Eduardo Estrella.
También se registraron decesos de ciudadanos extranjeros, incluyendo 18 venezolanos, dos franceses, un italiano, un keniano, y personas de nacionalidades colombiana, haitiana, costarricense e hispano-dominicana.
