La elección anticipada de un precandidato presidencial genera tensiones entre los principales líderes del partido morado, mientras el proceso legal sigue en suspenso
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó a una nueva reunión de su Comité Político para el próximo viernes 30 de mayo, con el objetivo de retomar el debate sobre la selección de una figura que represente la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2028.
Esta convocatoria se produce en medio de una creciente controversia interna y luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendiera la reunión del Comité Central originalmente prevista para el 8 de junio.
La más reciente decisión judicial acogió una medida cautelar que mantiene en pausa la elección formal de un aspirante presidencial, situación que ha generado reacciones encontradas dentro del partido.
Un proceso en disputa
De acuerdo con declaraciones del dirigente Danilo Díaz, el PLD no ha violado el calendario legal establecido por la Ley Electoral. Aclaró que lo planteado por el Comité Político es una consulta interna para marzo de 2026, que no sustituye el proceso formal de elección, previsto legalmente entre julio y octubre de 2027.
“El PLD no ha decidido escoger su candidatura presidencial fuera del tiempo que manda la ley. Lo que queremos es iniciar un proceso de unidad interna que permita fortalecer una figura de consenso”, sostuvo Díaz, quien también indicó que el fallo del TSE solo suspende una reunión puntual, y no la voluntad del partido de avanzar con la consulta interna.
Críticas a lo interno del partido
Sin embargo, la propuesta de una consulta anticipada no ha contado con el respaldo de todos los liderazgos del PLD. Juan Ariel Jiménez, considerado uno de los principales presidenciables, externó su preocupación en una carta al Comité Político, advirtiendo que una elección fuera del marco legal proyectaría debilidad institucional, afectaría la reorganización territorial del partido y representaría un uso innecesario de recursos.
Jiménez planteó en su misiva la necesidad de explorar una alternativa más amplia, que permita al PLD encabezar un frente opositor junto a organizaciones sociales y territoriales. También sugirió que la Junta Central Electoral sea quien arbitre el proceso interno para garantizar transparencia.
Otro que se ha manifestado en contra es Abel Martínez, exalcalde de Santiago, quien ratificó sus aspiraciones presidenciales, pero rechazó métodos como primarias anticipadas o aclamaciones fuera del marco legal.
Aunque en 2023 fue seleccionado como candidato presidencial por consulta similar, en esta ocasión advirtió que cualquier proceso debe realizarse con consenso entre los aspirantes y bajo un protocolo institucional que asegure igualdad de condiciones.
Francisco Domínguez Brito, el único inscrito
En contraste, Francisco Domínguez Brito es el único dirigente que formalizó su inscripción dentro del plazo inicial abierto por el Comité Político. No obstante, su posición como único precandidato no ha tenido un respaldo unánime ni ha sido suficiente para destrabar el proceso interno, que requiere de acuerdos amplios para avanzar.
Reclamos por trato desigual
Mientras tanto, el también miembro del Comité Político, Gustavo Sánchez, denunció lo que consideró una vigilancia selectiva contra el PLD. Cuestionó el fallo del TSE y aseguró que, aunque el partido acatará las decisiones judiciales, existe una persecución sistemática desde sectores estatales.
“Los funcionarios del gobierno están en campaña abierta y permanente, regalando cosas y haciendo actividades proselitistas sin consecuencias. En cambio, al PLD se le vigila con lupa”, afirmó el legislador.
Sánchez insistió en que el partido trabajará para consensuar una figura presidencial, pero exigió igualdad de condiciones frente a otras fuerzas políticas, especialmente el oficialismo.
Reunión crucial este viernes
La reunión del Comité Político pautada para este viernes será clave en el curso que tomará el PLD. En ella se podría definir si se mantiene la intención de realizar la consulta interna en marzo de 2026 o si se aplaza el proceso ante la falta de consenso y los cuestionamientos legales.
La dirección política tendrá que equilibrar los intereses internos, las presiones legales y el calendario electoral con miras a construir una candidatura fuerte que les permita competir en las elecciones presidenciales de 2028.
