“Toda mentira tiene fecha de vencimiento”, advirtió la ministra de Interior y Policía al pronunciarse sobre los ataques en su contra.
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, denunció este lunes una supuesta campaña de descrédito en su contra y advirtió que iniciará acciones legales contra todas las personas que participen en lo que calificó como “una infamia” dirigida a afectar su honra y gestión pública.
A través de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, Raful expresó que, como funcionaria, siempre ha actuado con transparencia, integridad y coherencia, afirmando que no se siente intimidada por quienes intentan difundir falsedades en su contra.
“No me doblego ni me intimidan”
“Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí”, manifestó.
La funcionaria sostuvo que los recientes rumores buscan restar mérito a la labor que desarrolla al frente del Ministerio de Interior y Policía, especialmente en las áreas de seguridad ciudadana, cumplimiento de la ley y fortalecimiento del sistema de sanciones y fiscalización.
“Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son. No les temo”, añadió Raful, asegurando que ya ha instruido a sus abogados para iniciar las acciones legales correspondientes.
Una amenaza a la sociedad
Durante su declaración pública, la ministra también advirtió sobre el uso de las redes sociales para la difusión de contenido manipulado, señalando que “cualquiera puede resultar víctima de extorsión” por esta vía. Consideró esta práctica como una amenaza real que la sociedad dominicana debe enfrentar de manera decidida.
En ese sentido, informó que, además de enfrentar su situación personal, impulsará acciones concretas que eviten que ciudadanos inocentes puedan ser blanco de difamaciones o montajes que destruyan sus vidas, reputación o la tranquilidad de sus familias.
Un deber público
Para Raful, su respuesta no solo representa un acto de dignidad individual, sino también una obligación institucional. “No es solo un acto de dignidad personal, también es un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira”, concluyó.
