El conflicto entre el gremio médico y el Estado evidencia tensiones profundas en la gestión del sistema de salud y en la relación histórica entre los profesionales del sector y el poder político.
La convocatoria a huelga nacional por parte del Colegio Médico Dominicano y la respuesta inmediata del Ministerio de Salud Pública abren una nueva grieta en el ya frágil equilibrio entre la clase médica y la autoridad sanitaria en República Dominicana.
Aunque los motivos del conflicto pueden parecer técnicos, en el fondo se revelan contradicciones más estructurales; una lucha por credibilidad, control y legitimidad institucional.
El CMD no es un gremio cualquiera. Su capacidad de paralizar hospitales públicos en todo el país, su influencia mediática y la figura de Waldo Ariel Suero —con experiencia en movilización y confrontación— lo convierten en uno de los actores sociales con mayor capacidad de presión en el país.
La huelga convocada no es solo una reacción a despidos puntuales; es una declaración de fuerza gremial y un recordatorio de que ningún ministro puede gobernar el sistema sin negociar con el gremio médico.
Del otro lado, el Ministerio de Salud Pública busca enviar un mensaje distinto: que el sistema no puede seguir funcionando bajo criterios clientelares, duplicidades salariales o ausencias toleradas.
La narrativa del ministro Atallah —de apego a la Ley 41-08, eliminación de nóminas dobles y fortalecimiento institucional— conecta con una visión tecnocrática de la administración pública que busca eficiencia sobre acuerdos informales. Sin embargo, este enfoque pierde fuerza si no está acompañado de una estrategia política de diálogo y transparencia que evite percepciones de persecución o atropello.
Aunque el ministro ha intentado mantener el tema en el plano técnico, el CMD lo ha colocado en el terreno político. Cuando Suero habla de “abuso de poder”, “cacería de brujas” y “atropellos”, está apelando a una narrativa de víctima frente a un Estado autoritario.
En una coyuntura donde el oficialismo empieza a delinear sus figuras para el 2028, cualquier gestión ministerial —especialmente en salud— queda sujeta al escrutinio político y gremial.
El mayor perjudicado de este conflicto será, como casi siempre, el ciudadano de a pie, especialmente los sectores más vulnerables que dependen exclusivamente de los hospitales públicos.
La paralización de servicios durante 48 horas representa una amenaza directa al derecho a la salud. Si bien la lucha gremial es legítima, la sociedad demanda responsabilidad y equilibrio en las formas de protesta. Por su parte, el gobierno debe evitar respuestas tecnocráticas frías que desconozcan las tensiones sociales en juego.
Más que un simple conflicto por 14 cancelaciones, lo que está en juego es la posibilidad de establecer un modelo de gestión sanitaria basado en reglas claras, transparencia, diálogo y respeto mutuo. Si el Ministerio de Salud impone un criterio de orden sin diálogo, corre el riesgo de legitimar la narrativa del abuso. Si el CMD se niega a reconocer irregularidades internas, perderá fuerza moral frente a la opinión pública.
La salud pública no puede seguir siendo rehén de pugnas entre burocracia y gremio. El país necesita una reforma estructural del sistema que garantice eficiencia, derechos laborales y servicios dignos para la población.
Este conflicto, lejos de ignorarse, debe servir como punto de partida para un nuevo pacto sanitario nacional. ¡Es hora de que reflexionemos!
Por: Amaury Reyna Liberato, director de ElNaguero.com
