Se ordena investigar con rigor a funcionarios y agentes públicos que faciliten o participen en estas redes.
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República emitió la «Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes», mediante la cual establece como prioridad las investigaciones que involucren a funcionarios públicos y miembros de instituciones militares y policiales vinculados a redes criminales de tráfico ilícito de migrantes.
La disposición, dada a conocer este domingo, señala que se deberá actuar con especial atención en los casos en que servidores públicos incurran en actos de extorsión, reciban sobornos, dádivas o cualquier otro beneficio a cambio de facilitar este delito.
Según la instrucción, en estos casos los fiscales deberán solicitar la inmediata suspensión de las funciones del implicado, gestionándola a través de los órganos competentes.
Procedimiento a seguir
La Procuraduría indicó que, al investigar este delito, tipificado en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y sus modificaciones, y sancionado también en diversas convenciones internacionales firmadas por el país, los representantes del Ministerio Público deberán solicitar y ejecutar la inmovilización de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y cualquier otro activo relacionado con las actividades ilícitas de las personas o estructuras criminales bajo investigación.
Importancia del combate al tráfico ilícito de migrantes
El Ministerio Público subrayó que el tráfico ilícito de migrantes constituye una de las manifestaciones más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional, implicando no solo el cruce irregular de fronteras, sino también la articulación de redes delictivas con altos niveles de planificación, logística y corrupción.
En su comunicado, la Procuraduría advirtió que esta actividad ilícita debilita los sistemas de control migratorio y afecta directamente la seguridad y defensa del Estado, por lo que llamó a fortalecer la respuesta interinstitucional con capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, en coherencia con la Constitución de la República.
