Héctor Guzmán asegura que el proceso fue controlado por el oficialismo y desoyó observaciones de la oposición.
Santo Domingo.– El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, calificó como una decisión eminentemente política la reciente elección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, al considerar que el proceso fue dirigido por el Gobierno y sin apertura al consenso con la oposición.
Durante su participación en el programa radial El Sol de la Mañana, de RCC Media, Guzmán expresó que la escogencia “no representó ninguna sorpresa” para su organización política.
“Eso es una Cámara de Cuentas del Gobierno, escogida por el Gobierno, sin lugar a dudas. Es un hecho consumado. Ahora están los actores designados, vamos a ver qué pasa”, señaló el dirigente político, haciendo referencia a lo que definió como una falta de equilibrio institucional en el proceso de selección.
Cuestionamientos ignorados
Guzmán explicó que aunque no considera que haya ilegalidad en que un gobierno impulse una propuesta determinada, criticó que se hayan ignorado las observaciones presentadas por miembros de la oposición durante el proceso.
“Todos los cuestionamientos, todas las observaciones que se hacían, inclusive las planteadas por senadores de oposición en la comisión, fueron desoídas. El Gobierno decidió esa Cámara de Cuentas”, afirmó.
El dirigente perredeísta también destacó que si bien no es ilegal que los seleccionados tengan algún tipo de vínculo político, la independencia del órgano fiscalizador debe estar garantizada.
Debate sobre la institucionalidad
Las declaraciones de Héctor Guzmán se producen en un momento de debate público sobre la legitimidad e imparcialidad del proceso de elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, entre ellos su presidenta, Emma Polanco, quien ha prometido una gestión basada en transparencia, ética y rendición de cuentas.
Sectores de la sociedad civil y partidos opositores han expresado preocupación por el impacto que una elección percibida como unilateral pueda tener sobre la confianza en el organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
