Washington, D.C. – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno revocará o denegará los visados a personas que participen en protestas calificadas como «proterroristas» o que ingresen al país con ese propósito.
«El presidente (Donald) Trump no es (Joe) Biden. Si vienes a Estados Unidos para participar en disturbios proterroristas te denegaremos el visado. Y si lo haces después de mentir para entrar a nuestro país, te cancelaremos la visa y te enviaremos de vuelta a casa», escribió Rubio en la red social X.
La advertencia del jefe de la diplomacia estadounidense se produce tras el arresto del estudiante palestino Mahmoud Khalil, quien fue detenido el pasado sábado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según el gobierno, Khalil, quien completó sus estudios en la Universidad de Columbia en diciembre, habría dirigido actividades «alineadas con Hamás».
Refuerzo de medidas contra manifestantes extranjeros
Rubio ya había adelantado el viernes que habría más detenciones en relación con manifestaciones propalestinas en suelo estadounidense. Indicó que la Administración Trump sigue identificando a personas que, de haberse conocido previamente sus intenciones, no habrían recibido visados de estudiante.
«Seguimos buscando a gente a la que nunca se le debería haber permitido el acceso al país con visado de estudiante de haber sabido que iban a hacer lo que han hecho», señaló.
El endurecimiento de la política migratoria en este contexto refleja la postura del gobierno de Trump, que ha equiparado las protestas contra Israel con actos de antisemitismo.
Esta misma posición fue adoptada por la Administración anterior, encabezada por el demócrata Joe Biden (2021-2025), a pesar de la participación de organizaciones como Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) en las manifestaciones.
El gobierno estadounidense no ha detallado cuántos visados han sido revocados ni cuántas personas podrían ser afectadas por esta política.
Entretanto, grupos de derechos civiles han expresado preocupación por las implicaciones de estas medidas en la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
