La Vega, República Dominicana. – La jueza Adaías Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, impuso un año de prisión preventiva al subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, José Luis Agramonte, y a seis agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), por su presunta implicación en la muerte de un interno y en actos de tortura contra privados de libertad.
Los imputados, identificados como Julio Alcibíades Montás Pérez, Robert De La Rosa, Joheny de Mora Moreta, José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildo y Santo Beltré Reyes, enfrentarán la medida coercitiva mientras avanza el proceso judicial en su contra, declarado complejo por el tribunal.
Acusaciones y fundamentos del caso
De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados están vinculados al denominado “Caso Antídoto II”, surgido tras una denuncia de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública el 30 de agosto de 2024. La investigación estableció que en el penal se registraban sistemáticas agresiones, que habrían provocado la muerte del interno Wilgens Nicolás Vargas el 1 de septiembre del mismo año.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó la importancia del fallo judicial, subrayando que “no se tolerarán violaciones a los derechos humanos, incluidos los de los privados de libertad, y mucho menos por parte de quienes están llamados a garantizarlos”.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Claudia Carolina Perdomo presentó pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales que sustentaron la decisión del tribunal de dictar la medida de coerción contra los imputados.
Cargos imputados
El Ministerio Público otorgó a los hechos una calificación jurídica que abarca violaciones a los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 295, 302 y 303 del Código Penal Dominicano. Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, abuso de autoridad, asociación de malhechores, homicidio agravado y actos de tortura y barbarie en perjuicio del interno fallecido.
Asimismo, otros de los encartados enfrentan cargos por golpes y heridas voluntarios, en adición a los señalados previamente.
Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas dentro del sistema penitenciario, asegurando que se continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados en este caso.
