El Factor, María Trinidad Sánchez – En la madrugada de hoy se registró un operativo de desalojo en la comunidad de Habitad Parte Atrás, ubicada en el popular sector “Caño de Bara”, que dejó a 25 familias en situación de vulnerabilidad.
Según los denunciantes, el desalojo fue llevado a cabo de manera ilegal por un ciudadano que asegura ser el dueño de los terrenos, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Operativo sin previo aviso
Testigos aseguran que un contingente de la Policía Nacional, acompañando a supuestos alguaciles que nunca se identificaron, arribó al lugar pasado las 4:30 de la mañana para iniciar el desalojo, sin que se realizara la notificación correspondiente ni se observaran los protocolos exigidos por la ley.
“Nosotros no fuimos ni notificados de este proceso, estos terrenos pertenecen al IAD; nos entregaron un título provisional en el año 2003 y desde entonces vivimos aquí, somos fundadores de este barrio. No nos han presentado siquiera un documento que avale lo que aquí se está haciendo, mucho menos una notificación o una sentencia que ordene este desalojo. Aquí están abusando de los comunitarios, sus familias y sus hijos”, denunció una de las afectadas.
Desde elnaguero.com tuvimos acceso a un acto de fijación de audiencia del Tribunal de Tierras de la provincia María Trinidad Sánchez, para el día 8 de abril del presednte año, lo que incrementó los niveles de dudas respecto a los documentos no presentados por los actuantes durante el proceso de desalojo.
Violencia y represión durante el operativo
El operativo no solo dejó a 25 familias sin hogar, sino que también se tornó violento. Durante el proceso, el alcalde de El Factor, Oscar Pablo Sánchez, se vio involucrado al intentar mediar en la situación.
Fué agredido verbalmente y recibió golpes por parte de algunos agentes, quienes incluso le dispararon utilizando escopetas y pistolas. Uno de los disparos alcanzó a un colaborador del alcalde, quien actualmente recibe atención médica en un centro privado y corre el riesgo de perder una mano.
Asimismo, la acción policial se extendió a la represión contra la labor periodística, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a un camarógrafo de elnaguero.com que se encontraba en el lugar documentando los hechos, bajo el argumento de que sería un invasor de los terrenos en cuestión.
Según los denunciantes, varios agentes incluso habrían retirado de sus uniformes las placas de identificación para evitar ser rastreados por la prensa.
Reacciones y exigencia de investigaciones
Ante la gravedad de los hechos, miembros de la comunidad aseguraron que se mantendrán en alerta y que llegarán a las últimas consecuencias para conseguir justicia. “Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para que se esclarezca lo sucedido y se sancione a los responsables”, manifestaron desde la comunidad.
Por su parte, el alcalde Oscar Pablo Sánchez, quien se presentó en el operativo en un intento por evitar una tragedia mayor, condenó el abuso de poder ejercido por las autoridades.
“Estos terrenos pertenecen al IAD, es la parcela 825 y quien dice ser dueño de la misma no tiene siquiera un título de propiedad. Que la policía esté actuando aquí demuestra que detrás de todo esto hay alguien con mucho poder y dinero que ha logrado llegar hasta este punto. Exigimos una investigación sobre el particular”, afirmó el alcalde.
Un llamado a la intervención estatal
La situación ha generado gran preocupación en El Factor y en toda la provincia de María Trinidad Sánchez, donde los residentes reclaman el respeto a sus derechos y el cumplimiento de los procedimientos legales en cualquier acción de desalojo.
Organizaciones de derechos humanos y defensores comunitarios han exigido una investigación exhaustiva sobre la participación de particulares y fuerzas policiales en este operativo, para garantizar que se haga justicia y se evite la repetición de hechos similares.
Con la comunidad en alerta, la expectativa recae en las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto y restablezcan el orden legal, protegiendo tanto los derechos de los habitantes como la labor de quienes documentan estos hechos.
