SANTO DOMINGO.- República Dominicana se apresta a ser sentada en el banquillo de los acusados por la violacion de los derechos humanos de un nutrido grupo de diplomáticos de carrera cancelados por el actual gobierno.
La acusación fue depositada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU porque el gobierno no ha acatado las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Administrativo para la reposición de los afectados y pago de sus salarios atrasados.
«La sentencia del TSA reconoció en todas sus partes la resolución del Ministerio de la Administración Publica (MAP) designando a 57 diplomáticos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores y el canciller Roberto Alvarez están aplicando estas sentencias de una manera selectiva, sesgada, política y abusiva, en franca violacion de las sentencias de las altas cortes del país y del Estado de Derecho de la Republica Dominicana», explicaron Rafael Hernandez, presidente de la Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana, y Alejandra Gutiérrez Díaz, vicepresidenta, en el programa Somos Pueblo, donde fueron entrevistados por Ricardo Ripoll.
Aseguraron que «la República Dominicana será sentada próximamente en el banquillo de los acusados, ante la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de los Derechos Humanos por violación a los derechos de cientos de diplomáticos de carrera que cancelados por el actual gobierno, en violacion de la Constitución y los acuerdos internacionales».
Hernandez dijo que hasta el momento hay alrededor de 280 diplomáticos de carrera que han demandado al Gobierno dominicano por los cancelaciones injustificadas y atropellos.
Agregó que entre los cancelados durante la pandemia hay personas con condiciones y enfermedades terminales y otras en licencia médica.
Explicó que la mayoría de las cancelaciones fueron hechas en tiempo de pandemia, con una declaración de la Organización Mundial de la Salud de emergencia sanitaria. «Además, cada país emitió una orden para que no se pudiera cancelar a niinguna persona en ese tiempo», agregó.
Por ARGELIS SANTANA
